La provincia debe 800 millones de pesos al hospital Garrahan y esa deuda no es un simple saldo en una cuenta, es la promesa incumplida de atención continua para niñas y niños jujeños. Es la posibilidad de derivaciones demoradas, de cirugías programadas que se atrasan, de consultas que no llegan a tiempo cuando más se necesitan. Mientras esa deuda permanece, aparece la campaña política que utiliza la salud de los chicos como bandera, como bandera para señalar gestiones y justificar una gestión que no rinde cuentas.
Política |
"Jujuy Crece" pide que no se corte servicios en el Garrahan pero deben 800 millones
Más hipocresía en campaña. Ahora los radicales utilizan al hospital Garrahan en su campaña política cuando la obra social de la provincia tiene una deuda millonaria con el hospital.
No se puede pedir sacrificios a las familias ni a los trabajadores de la salud si primero no se pagan las deudas que permiten que la red sanitaria funcione. Aquí lo claro es que la prioridad no puede ser la campaña política, sino la realidad de la sala de espera, de las derivaciones al Garrahan o a sanatorios regionales, de la atención que depende de un flujo de pagos que debe ser continuo y confiable.
Escuchar que se habla de soberanía sanitaria, de defensa de la salud pública, mientras se pospone la liquidación de 800 millones de pesos, es una contradicción que golpea la credibilidad y deja a las madres y a los padres con la incertidumbre de si mañana sus hijos recibirán la atención necesaria.
No es solamente un tema contable, es un tema de vida, de dignidad, de derecho a la salud: si la provincia quiere crédito moral para criticar a otros, primero debe pagar lo que debe y asegurar que esa deuda no vuelva a convertirse en una barrera para quien necesita un tratamiento en Garrahan, o para aquel jujeño que espera una derivación que puede salvarle la vida.
En este panorama, la única autoridad moral auténtica es aquella que demuestra responsabilidad concreta: pagos puntuales, transparencia en los convenios, y un plan serio para garantizar que las deudas no condicionen la atención de los niños. Si la deuda de 800 millones se mantiene sin resolverse, cualquier crítica que se haga desde la campaña pierde peso y se desmorona ante la realidad de la sala de espera, ante la angustia de las familias, ante la necesidad de una red que funcione sin trampas ni excusas. Por eso digo: primero pagar, luego hablar; primero sanar la deuda y luego exigir credenciales. Porque la salud de los niños no admite postergaciones ni maniobras políticas; exige hechos, exige responsabilidades y exige un compromiso que se refleje en cada puerta de cada hospital, en cada derivación, en cada turno que llega a la mesa de la familia jujeña.
Si de verdad se quiere hablar de futuro, que ese futuro tenga como base la solvencia de la red sanitaria, la confianza de los proveedores y la garantía de que nadie se quede sin atención por falta de pago. Aquí, seguimos atentos a la verdad de las cifras, a la claridad de las cuentas y a la vida que depende de cada decisión, para que el mañana de la salud en Jujuy esté donde debe estar: al servicio de la gente, sin hipocresía y con responsabilidad.
La relación entre el superávit de 55 mil millones de pesos y las deudas que pesan sobre el sistema de salud la provincia de Jujuy no tiene justificación posible, estamos hablando de la salud de la gente.
Primero preguntamos para qué sirve un superávit si la deuda total de la red hospitalaria y de la obra social se mantiene alta y no se ve reflejado en mejoras concretas en camas en insumos en medicamentos ni en turnos con claridad, ni en pagos a proveedores si el dinero ahorrado se traduce en compras de emergencia o en planes de reestructuración de deudas.
Vemos el caso del hospital Garrahan con una deuda de 800 millones de pesos que aparece en el radar público y nos preguntamos qué impacto tiene esa deuda en la atención diaria de pacientes jujeños y en la capacidad de descontaminar procesos de gestión cuando el presupuesto de una provincia se ve obligado a sostener una deuda que llega a otros distritos y a otros proveedores
Otro punto clave es la tensión entre lo que se anuncia como ahorro y lo que llega a la gente en forma de servicios básicos ausentes proveedores que esperan pagos y trabajadores que sostienen la atención con su esfuerzo sin que se resuelvan de forma definitiva las cuotas pendientes.
La noticia de una reunión entre el gobernador y el gerente del hospital allende en Córdoba despierta más sospechas sobre más deuda que se gestionan fuera del territorio y que no se conocen con transparencia por el manejo presupuestario que debería priorizar la salud de la gente y no la contabilidad aislada. Recordemos que hay en Córdoba 9000 afiliados jujeños a la obra social de la provincia que trabaja con el hospital allende.
En este marco preguntamos ¿qué pasa con la obra social de la provincia que enfrenta problemas financieros y acumula deudas con proveedores importantes?
El superávit entonces no puede verse como un simple dato contable debe convertirse en una palanca para fortalecer la red de salud para pagar deudas con criterios de equidad para auditar de manera independiente y para buscar soluciones que reduzcan la vulnerabilidad de pacientes y trabajadores
Tenemos que exigir claridad explicaciones sobre el plan para renegociar deudas con proveedores y sobre qué mediciones se usarán para evaluar si ese superávit se traduce en mejoras reales en la capacidad de responder a emergencias sin quedarse en promesas.
En resumen el superávit puede ser útil si se canaliza con transparencia hacia una agenda de salud prioritaria que garantice medicamentos camas personal y atención digna para todos si no funciona como un señuelo para justificar decisiones que no benefician a la gente queda solo la palabra altamente desbordada por la teoría contable y la realidad de las zonas donde la gente espera y reclama respuestas.
No vemos un cronograma claro para que cada peso del superávit cuente como progreso real para la salud de la gente.