Sadir opina sobre las supuestas coimas en Nación pero no habla del caso Ustarez

Estamos frente a un presunto caso de corrupción en un Tribunal Contravencional dependiente del gobierno provincial, una decisión deliberada de la Legislatura de no impulsar un juicio político y la renuncia del juez para evitar el proceso con la supuesta anuencia del gobernador.

En términos técnicos, el costo jurídico es doble. Primero, la falta de independencia judicial cuando un tribunal dependiente del Poder Ejecutivo podría estar sujeto a presiones administrativas o financieras que afectan la imparcialidad de las deliberaciones y de las sentencias. Esto alimenta dudas sobre la imparcialidad de las causas contravencionales y de otros expedientes que pasan por ese órgano, generando una desconfianza estructural en el sistema de justicia provincial. Segundo, al no activar un proceso de juicio político, la Legislatura evita el escrutinio público y la posibilidad de sanciones políticas, pero simultáneamente debilita el propio mecanismo de control y equilibrio entre poderes.

La existencia de un juicio político para un juez o magistrado no es solo una sanción penal eventual, sino una herramienta de control político y de legitimación institucional ante la ciudadanía. Si ese control no se ejerce, se erosiona el principio de responsabilidad de los actores del poder y la confianza pública en la justicia como institución independiente.

En cuanto a la renuncia del juez para evitar el juicio político, hay una tensión entre el derecho del funcionario a renunciar y el interés del Estado en ocultar responsabilidades por conductas presuntamente indebidas. La renuncia puede interpretarse como una salida protocolar que evita un proceso que, en la práctica, podría haber servido para esclarecer hechos y sentar precedentes, la situación deja preguntas sobre la idoneidad de los mecanismos de apartamiento y de responsabilidad anticipada para jueces dentro del sistema, y sobre si existen salvaguardas efectivas para evitar interferencias políticas en las decisiones judiciales.

Desde la óptica política, el costo para la imagen del gobernador es enorme. Un líder político que controla o influye en un tribunal contravencional y que, además, no impulsa un proceso de responsabilidad cuando una figura judicial vinculada a ese mismo poder quedar salpicada por acusaciones de corrupción, transmite una señal de doble estándar. Por un lado, se critica la lucha contra la corrupción a nivel nacional, y, por el otro, se percibe una laxitud ante las irregularidades dentro de su propia jurisdicción.

Este doble estándar erosiona la credibilidad del gobierno ante la ciudadanía, reduce la legitimidad de sus mensajes anticorrupción y abre terreno a críticas de oportunismo político: la prioridad parece ir más hacia proteger la estructura de poder local que hacia la transparencia y la rendición de cuentas.

En el plano gubernamental, no impulsar un juicio político a un juez de un tribunal que depende políticamente puede interpretarse como una debilidad institucional y una señal de que los controles internos no son efectivos o que las herramientas de control se aplican selectivamente. Esto alimenta la narrativa de que existen “dos varas” para la rendición de cuentas: una para las figuras que convienen políticamente y otra para las que no.

En síntesis, la decisión de no activar el juicio político debilita la cohesión entre discurso y acción en materia anticorrupción, debilita la credibilidad de la agenda de transparencia y puede erosionar la confianza de la oposición y de la ciudadanía en la capacidad del gobierno provincial para enfrentar la corrupción de manera consistente y equitativa.

Desde lo moral, las implicaciones son contundentes. La percepción de hipocresía se alimenta cuando una autoridad pública denuncia corrupción a nivel nacional pero guarda silencio ante señalamientos de corrupción en su propio territorio, especialmente cuando hay indicios o pruebas que sugieren malversación de fondos.

La moral pública se ve afectada por la sensación de que hay intereses de poder que están por encima de la ética y de la justicia: si se permite que una parte del aparato estatal opere con una tolerancia implícita hacia posibles desvíos de fondos, la ciudadanía percibe una desvalorización de la integridad de las instituciones.

En este marco, la renuncia del juez puede percibirse como un acto de autoprotección que evita la rendición de cuentas ante el escrutinio público, lo que agrava la desconfianza moral hacia el poder judicial y la clase política. La ciudadanía espera que, ante indicios de desvío de fondos, existan auditorías independientes, investigación judicial adecuada y decisiones transparentes; la ausencia o lentitud de estos procesos agrava la sensación de que los recursos públicos y el bienestar de la gente están siendo afectados por manejos poco transparentes.

Si la población percibe que el poder regional se protege a sí mismo o que las sanciones a los responsables no llegan a producirse, el mensaje de lucha contra la corrupción queda debilitado y la confianza en las instituciones se deteriora.

Ahora bien, la pregunta central seria: ante indicios claros de desvío de recursos, ¿por qué la respuesta social es tan tibia, no comparable con la magnitud del daño?

Primero, hay una dimensión psicológica clave. la fatiga de la información; estamos bombardeados por noticias todo el tiempo y cuando aparecen casos similares una y otra vez, la población puede desengancharse, perder la esperanza de que una denuncia lleve a cambios reales y terminar resignándose a pensar que “todo es igual” y que las instituciones siempre llegan tarde. A esa desconfianza acumulada se suma un cinismo que funciona como un escudo: si cada proceso parece una farsa o una negociación entre poderes, la gente pregunta para qué involucrarse cuando el resultado ya está escrito en el dinamismo de la

En contextos de desconfianza general hacia la clase dirigente, la gente opta por la abstención, por la quietud, porque cree que el resultado no cambiará con su voz, o porque hay miedo a perder tiempo y recursos sin un retorno claro. Y cuando hay intereses de poder que prefieren mantener el statu quo, la presión para exigir rendición de cuentas se debilita, y la gente se queda esperando que otros asuman la tarea. La pregunta sería: ¿qué otros?