Las fallidas empresas estatales de Morales de las que ahora busca desprenderse

Esta maniobra busca abrir nuevas fuentes de financiamiento, atraer inversión, mejorar la gestión, expandir actividades y generar empleo en el resto de las empresas deficitarias producto del pésimo gestionamiento del Estado. Sin embargo, surgen preguntas que, lejos de ser meras especulaciones, deben ser discutidas con rigor: ¿cuál ha sido el desempeño previo de estas empresas estatales impulsadas por la gobernación de Gerardo Morales? ¿Hasta qué punto esos emprendimientos millonarios han logrado rentabilidad y sostenibilidad o si han generado una deuda significativa para la provincia, principalmente en dólares? ¿Qué papel juega la deuda en dólares para la creación de estas sociedades y qué impacto tiene en la economía de los jujeños?

Primero, situemos el marco. En muchos lugares, las sociedades del Estado se crean con la intención de impulsar sectores estratégicos, garantizar suministro, generar empleo y promover desarrollo regional. Cuando el capital privado se incorpora, la idea es combinar eficiencia y capitalización, traspasando parte de la gestión y del riesgo a actores privados a cambio de participación en utilidades o en la gestión. En teoría, esto podría incentivar un ciclo de inversión, mejoras en la performance, acceso a tecnología y redes de financiamiento que el sector público, por sí solo, podría tardar más en lograr.

Esto amerita plantear un cuestionario para encontrar respuestas al viraje fenomenal que da el gobierno con la reconversión de las empresas creadas por Gerardo Morales.

En cuanto a la rentabilidad y a la sostenibilidad de las inversiones pasadas: ¿qué resultados han mostrado las empresas estatales que se crearon o apoyaron con la gestión de la provincia? ¿Se generaron utilidades suficientes para sostener la operación y devolver créditos, o se acumularon déficits y deuda? Si la base de valor de estas entidades es débil, abrirlas al capital privado podría ser un riesgo o una oportunidad, según el marco regulatorio y la supervisión.

Con respecto al fenomenal endeudamiento en dólares y su impacto: cabe preguntarse si las fuentes de financiamiento utilizadas que han sido en dólares, se enfrentan a un escenario de complejidad cambiaria y de servicio de deuda que deben gestionarse cuidadosamente. La variación del tipo de cambio, tasas y condiciones de refinanciación pueden estar afectando la rentabilidad y la capacidad de pago, además de trasladar costos a la provincia y, en última instancia, a la población.

Cómo será el rol de gestión del capital privado en la gestión ya que su entrada en el esquema implica cambios en la gobernanza corporativa, distribución de utilidades, y posibles conflictos de interés entre metas públicas y objetivos de lucro privado. es crucial en este sentido contar con marcos de transparencia, auditorías independientes, salvaguardas para servicios esenciales y protección de intereses de la ciudadanía.

La referencia a un decreto nacional que deroga una ley reguladora de estas sociedades introduce otra capa de complejidad. ¿Qué señala ese decreto en cuanto a responsabilidad, límites de participación, mecanismos de supervisión y salvaguardas para el gasto público? ¿Existen cláusulas de revisión, de responsabilidad fiscal o de evaluación de impacto que permitan corregir rumbos si la estrategia no rinde resultados?

Uno de los objetivos declarados es generar empleo. Es clave evaluar no solo la creación de puestos de trabajo, sino la calidad y la estabilidad de esos empleos, la distribución territorial de los beneficios y la sostenibilidad de la demanda de servicios o productos vinculados a estas sociedades.

Aquí se pueden considerar dos escenarios: escenario optimista: la entrada de capital privado se acompaña de una gobernanza fortalecida, disciplina de gasto, mejoras de eficiencia, acceso a financiamiento en condiciones competitivas y expansión de operaciones con impacto directo en empleo y desarrollo regional. En este caso, la rentabilidad de las nuevas y existentes iniciativas podría compensar costos financieros, reducir la carga de deuda pública y generar flujos que reviertan en la economía local.

Escenario de riesgo: sin una supervisión adecuada, con un esquema de incentivos mal diseñado o con costos de deuda altos, podría ocurrir que la rentabilidad de las operaciones no alcance para cubrir obligaciones financieras, generando una deuda adicional para la provincia y trasladando riesgos a la ciudadanía. Aquí surgen preguntas sobre qué salvaguardas existen para evitar que servicios esenciales queden comprometidos ante tensiones fiscales.

Preguntas claves para una evaluación rigurosa:

¿Qué indicadores de desempeño se están utilizando para evaluar estas sociedades y el impacto de la participación privada?

¿Qué mecanismos de contraloría y auditoría independientes respaldan estos procesos?

En definitiva, la estrategia de permitir hasta un 49% de capital privado en sociedades del Estado en Jujuy parece encajar en una tendencia de buscar diversificación de financiamiento y amplitud de capacidades de gestión. Pero su éxito dependerá de la calidad de la gobernanza, de la claridad de los objetivos sociales y de los marcos de supervisión y responsabilidad fiscal. Sin un marco sólido, podría transformarse en una carga adicional para el erario público y, en última instancia, para los jujeños.