La banda, integrada por reclusos condenados por delitos graves, utilizaba el nombre y la investidura del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para ejecutar estafas y extorsiones a familiares de personas detenidas en distintos puntos del país.
Foto: presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.
El dictamen fue firmado por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Franco Picardi, ante el Juzgado Federal N° 12, subrogado por el juez Julián Ercolini. La acusación recayó de manera directa sobre Cristian Mariano Ariel Acho (38), Ramón Atilio Ríos (40), Sebastián Ariel López (31) y Walter Rodrigo Vargas (32). Los cuatro alojados en el penal jujeño cumplen sentencias previas por homicidio simple, tentativa de homicidio, robo y hurto.
La maniobra de suplantación y el engaño a comisarías
La investigación judicial determinó que la organización funcionó con base en el presidio jujeño. La operatoria comenzaba con llamados telefónicos a comisarías, unidades de Gendarmería y servicios penitenciarios de provincias como Santa Fe, Chubut, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
Para concretar el engaño, los sospechosos configuraban perfiles de WhatsApp con la fotografía del magistrado y la denominación institucional del Máximo Tribunal. Al comunicarse con el personal de guardia, se identificaban falsamente como el titular de la Corte o miembros de una supuesta comisión de derechos humanos para requerir nóminas completas de alojados, causas de origen y números de contacto de sus allegados bajo el pretexto de tramitar relevamientos oficiales.
Una vez obtenidos los datos particulares, contactaban de inmediato a los familiares de los internos. Bajo la amenaza o la falsa promesa de otorgar excarcelaciones, exigían transferencias de dinero a modo de "fianza judicial", utilizando alias que simulaban pertenecer a organismos oficiales como podederjudicial.mp. En maniobras paralelas, la banda también engañaba a particulares anunciando premios de vehículos o servicios tecnológicos, cobrando supuestos gastos administrativos que en un solo caso alcanzaron un perjuicio económico de cerca de 10 millones de pesos.
Escuchas telefónicas y el hallazgo en las celdas
Las intervenciones telefónicas dispuestas durante la pesquisa resultaron claves para desmantelar la estructura. En una de las conversaciones grabadas a finales de 2024, uno de los imputados detallaba a una mujer cómo ejecutaban la maniobra desde el pabellón: "Llamamos, pedimos la lista por derechos humanos y después llamamos al familiar a pedir la fianza de un millón a una cuenta fantasma".
Asimismo, los allanamientos concretados por la Policía Federal Argentina en el Sector 1, Pabellón A del presidio jujeño permitieron el secuestro de teléfonos celulares ocultos en los colchones y zócalos de las celdas, tarjetas SIM y biblias que contenían anotaciones con CBU, alias virtuales y nombres de las víctimas.
Calificación legal y sospecha sobre el entorno familiar
El fiscal Picardi formalizó la acusación atribuyéndoles los delitos de asociación ilícita en calidad de miembros, usurpación de autoridad reiterada en ocho oportunidades, estafa y extorsión mediante simulación de autoridad pública, en concurso material. De ser encontrados culpables en el futuro debate oral, los imputados se exponen a penas de hasta 10 años de prisión efectiva.
De forma complementaria, la fiscalía solicitó la extracción de testimonios para convocar a declaración indagatoria a tres mujeres pertenecientes al entorno íntimo de los internos. La Justicia busca determinar el grado de participación de estas sospechosas, cuyos nombres y cuentas de billeteras virtuales habrían sido aportadas para recibir, triangular y retirar los fondos obtenidos a través de los engaños.
