A partir de las 12, las puertas del salón de audiencias del Palacio de Tribunales se abrirán para escuchar la sentencia que dictará el Tribunal en lo Criminal compuesto por la jueza Felicia Ester Barrios y los vocales Mario Ramón Puig y Pablo Pullen Llermanos. Sobre la mesa reposa una única pregunta que mantuvo en vilo a la provincia durante nueve años: culpable o inocente.
El caso no solo dejó una huella profunda en la comunidad de Tilcara por la extrema crueldad del suceso, sino que representó un verdadero desafío investigativo y técnico para los peritos.
La causa reconstruyó lo acontecido en la helada madrugada del 7 de julio de 2017 en una humilde vivienda rural de El Perchel en el departamento Tilcara, cuando la madre de las pequeñas dio a luz a dos niñas.
La acusación: un plan para ocultar el nacimiento a cualquier precio
La hipótesis que el fiscal Aldo Lozano logró sostener y articular a lo largo del juicio oral señala que la tragedia no fue producto del azar ni de una fatalidad, sino de una maniobra fría y deliberada. Según la acusación, en las dos horas posteriores al parto, las recién nacidas fueron sometidas a la ingesta forzada de un potente plaguicida agrícola con la meta explícita de poner fin a sus vidas y silenciar la existencia del embarazo.
Para la Fiscalía, el acusado actuó con la firme intención de evitar conflictos familiares vinculados a la paternidad de las bebas. La reconstrucción fiscal ubicó al hombre coordinando la escena e incluso ordenando a un menor de edad deshacerse de las pequeñas, quienes terminaron dentro de una bolsa plástica a la intemperie mientras la madre era trasladada de urgencia al hospital de Tilcara descompensada.
El desgarrador cuadro derivó en el hallazgo de las bebas y su posterior traslado desesperado: una de ellas falleció a los pocos minutos en el nosocomio quebradeño, mientras que su hermana logró gambetear a la muerte tras ser derivada en código rojo al Hospital Materno Infantil, donde los médicos lograron estabilizarla tras intensas maniobras de desintoxicación.
Ante la contundencia de estos elementos, el Ministerio Público solicitó la pena máxima del Código Penal: reclusión perpetua por homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y envenenamiento en concurso ideal con tentativa de homicidio.
El contrapunto defensivo y las dudas que resolverá la Justicia
En la vereda opuesta, la defensa técnica encabezada por los abogados Ramos y Rodríguez dio la batalla en el recinto intentando derribar cada uno de los pilares de la acusación. Los letrados fundamentaron su pedido de absolución lisa y llana —o en su defecto por el beneficio de la duda— criticando con dureza el abordaje policial y judicial realizado durante las primeras horas posteriores al hecho en 2017.
La estrategia defensiva buscó instalar que ningún testigo presencial vio al imputado administrar sustancia alguna a las menores ni arrojar la bolsa. Asimismo, se aferraron a las declaraciones del propio acusado, quien aseguró que su única participación en la fatídica jornada consistió en poner a disposición su camioneta para trasladar a su cuñada convaleciente hacia el centro sanitario, justificando su posterior viaje a Bolivia en una urgencia de salud de su padre.
A su vez, los defensores objetaron los informes de la autopsia, argumentando que el deceso de la recién nacida respondió primariamente a un cuadro de hipotermia severa y descompensación hemodinámica producto de las inclemencias climáticas, relativizando el impacto del tóxico.
Con todas las cartas sobre la mesa, alegatos cerrados y posturas irreconciliables, los jueces deberán dictaminar si las pruebas son suficientes para condenar de por vida al acusado o si los cuestionamientos defensivos abren la puerta a una absolución.
