¿Desinformación deliberada? ¿Subestimación de la audiencia del COE?
Cualquiera sea la respuesta, el gobernador Gerardo Morales se empecina en reiterar un dato falaz ante las personas que siguen su popular informe nocturno con característica de producción televisiva.
“Lamento que no tengamos el SIMMOV y que una minoría opositora y una jueza nos hayan impedido esta herramienta porque tendríamos mucha más información para poder convivir con esta situación de una manera más responsable”, dijo este domingo el mandatario provincial, repitiendo una frase que es rigurosamente falsa.
Según el fallo emitido por la jueza del Superior Tribunal de Justicia, María Silvia Bernal, el 4 de junio de 2020, la aplicación puede ser utilizada tanto por la policía como por todo agente habilitado por el gobierno, siempre que el ciudadano esté de acuerdo en brindar la información solicitada.
SIMMOV es una aplicación que se instala en los teléfonos celulares de policías y agentes del Comité Operativo de Emergencia, para que estos puedan registrar los DNI de los ciudadanos que circulan por determinados lugares públicos.
El gobierno dispuso que tales agentes se hagan presentes en bancos y supermercados, entre otros sitios públicos, y registren con la aplicación SIMMOV los documentos de todos los que circulen por allí.
El objetivo, según la versión oficial, es que, cuando una persona registrada resulte positivo al testeo de COVID 19, se pueda reconstruir su “huella”, es decir, los lugares por donde estuvo, e identificar a las personas estuvieron simultáneamente en el mismo sitio.
El gobierno había planteado que los ciudadanos tengan la obligación de mostrar los datos cuando les sean requeridos, pero la jueza entendió que hubo incumplimientos por parte del gobierno de la ley 25.326 de protección de datos personales, por lo que eximió preventivamente a los ciudadanos de someterse al uso de la aplicación.
Quien advirtió sobre los vicios legales en el uso de SIMMOV fue el diputado provincial del PJ, Emanuel Palmieri.
Hacia ellos apunta su fastidio el gobernador Morales.
Como se dijo, nada le impide al gobierno usar la aplicación para cuidar a la ciudadanía si se gana su confianza. Para eso necesita informar más y mejor.
En el proceso que va desde la creación de la App hasta su puesta en funcionamiento pueden observarse acciones y omisiones que representan, como mínimo, desprolijidades. Errores técnicos y fallas de comunicación.
Por motivos que no fueron explicados, se omitió crear un registro en donde consten los nombres y el domicilio de los responsables de manejar la información. La ley 25.326 exige que ese registro exista y que esté publicado en el Boletín Oficial de la Nación, junto a una decena de datos que les permitirían a los ciudadanos demandar a quien use de manera inadecuada la información recolectada.
Cuando esto fue señalado, el fiscal de estado Mariano Miranda y el procurador de la provincia, Mariano Zurueta, se defendieron diciendo que la provincia firmó un convenio con las empresas uSound y Nubimétrics (a cargo de Ezequiel Escobar y Andrés Jara), señalándolos como administradores. Pero una cosa es un convenio (cuyos detalles nunca se dieron a conocer) y otra un registro, publicado en el Boletín Oficial de la Nación.
Parece una obviedad, pero son detalles que ayudan a construir confianza. Omitirlos ante la opinión pública, por el contrario, genera desconfianza.
Por otro lado, el gobierno eligió los bancos y los supermercados como sitios elegidos para usar SIMMOV.
Es razonable, puesto que son los lugares de gran concurrencia de gente, pero también es cierto que al cabo de algunas semanas el gobierno y los administradores de SIMMOV obtendrían una valiosa base de datos con información de los clientes de bancos y supermercados.
No sólo eso, además sabrían con precisión quienes son y dónde viven.
Ni el gobierno ni los desarrolladores explicaron acabadamente cómo garantizarían que esa información sea utilizada sólo para el rastreo de lugares recorridos por pacientes con COVID 19. ¿Tienen esos datos algún otro potencial? El punto nunca fue abordado, pero el diputado Palmieri afirma que a partir de ellos se pueden establecer “gustos, preferencias e intenciones”, de los ciudadanos que queden registrados en SIMMOV.
La medida cautelar que puso límites a su uso, precisamente requirió una pericia técnica que explique esto, más allá de las expresiones de buena fe del gobierno y de sus desarrolladores.
Además, aparecen datos arbitrarios. La información recolectada permanecería en las bases de datos durante 60 días. ¿Cómo surge ese período? ¿Es un dato científico o una estimación?
De nuevo, tanto el gobierno como los creadores de la App dejaron estos interrogantes abiertos.
Los antecedentes tampoco ayudan. Durante una recorrida por barrio Belgrano, cuando en la provincia no existía circulación comunitaria, los agentes del COE interrogaban a la gente sobre cuestiones que no tenían que ver con la pandemia, sin con una evaluación política del desempeño del gobernador Gerardo Morales.
Si el gobierno desea continuar con la medida podría hacerlo. Primero debe informar con claridad y ganarse la confianza de los ciudadanos. La clave para el uso de la aplicación SIMMOV en Jujuy pasa por la persuasión antes que por la imposición.
