Morales hace trizas la tradición radical

Además, el radicalismo ha impulsado a lo largo de su historia reformas políticas orientadas a fortalecer la democracia, como la implementación del sufragio universal, la instauración del voto secreto y obligatorio, y la promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Es importante tener en cuenta que el radicalismo argentino, al igual que cualquier movimiento político, ha experimentado cambios y divisiones internas a lo largo del tiempo. Sin embargo, su tradición democrática y su postura en contra del fraude electoral han sido valores fundamentales dentro de su ideario político.

Además, el radicalismo argentino jugó un papel fundamental en la promoción y aprobación de la Ley Sáenz Peña, también conocida como la Ley de Voto Universal, Secreto y Obligatorio. Esta ley, sancionada en 1912 durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, estableció cambios significativos en el sistema electoral argentino.

El líder del radicalismo, Hipólito Yrigoyen, quien fue presidente de Argentina en dos ocasiones (1916-1922 y 1928-1930), fue uno de los principales impulsores de la Ley Sáenz Peña. Durante su campaña electoral y su presidencia, Yrigoyen promovió la necesidad de garantizar elecciones más justas y transparentes, consideró que la reforma del sistema electoral era esencial para ello.

La Ley Sáenz Peña introdujo importantes modificaciones al sistema electoral argentino. Entre sus principales disposiciones se encontraban el establecimiento del sufragio universal masculino, el voto secreto y la obligatoriedad del sufragio.

Con esta ley, se buscaba ampliar la participación política de los ciudadanos, evitar el fraude electoral y garantizar una mayor transparencia en los comicios.

La aprobación de la Ley Sáenz Peña marcó un hito en la historia política de Argentina y contribuyó a la consolidación de un sistema electoral más democrático. Esta ley permitió una mayor inclusión política y una mayor representatividad en el proceso electoral, al ampliar el acceso al voto a un mayor número de ciudadanos.

Está claro que el fraude electoral lesiona gravemente la democracia. La democracia se basa en principios fundamentales como la igualdad de derechos, la transparencia, la libre competencia política y la expresión de la voluntad popular a través de elecciones libres y justas. El fraude electoral atenta directamente contra estos principios y mina la integridad del proceso democrático.

Hoy la Jujuy feudal de Gerardo Morales está una vez más bajo sospecha de fraude.

Cuando se comete fraude electoral, se distorsiona la voluntad de los ciudadanos y se manipulan los resultados electorales. Esto significa que los líderes y representantes elegidos no reflejan necesariamente la verdadera elección de la población, lo que socava la legitimidad y la confianza en el sistema político.

El fraude electoral priva a los ciudadanos del derecho a elegir libremente a sus representantes y de participar en decisiones políticas significativas. Esto debilita la participación ciudadana y socava la confianza en las instituciones democráticas.

También distorsiona la igualdad de oportunidades entre los partidos y candidatos, ya que aquellos que recurren al fraude obtienen ventajas injustas sobre sus competidores legítimos. Esto crea desequilibrios y socava la competencia política justa.

El fraude electoral también erosiona la confianza de los ciudadanos en el sistema político y en las instituciones encargadas de organizar y supervisar las elecciones. Esto también conduce a la apatía política, el desinterés por participar y el deterioro generalizado de la democracia.

El fraude electoral es un acto antidemocrático que daña los pilares fundamentales de la democracia y sus valores esenciales. Es crucial promover la transparencia, la justicia y la rendición de cuentas en los procesos electorales para fortalecer la democracia y garantizar que la voluntad de los ciudadanos sea respetada y reflejada en la elección de sus representantes.

Cuando existen sospechas de fraude electoral, los ciudadanos dudan de los resultados y se genere desconfianza en el proceso electoral. Las sospechas de fraude surgen por diversas razones, como irregularidades en el conteo de votos, denuncias de manipulación o falta de transparencia en el proceso.

Cuando los ciudadanos perciben indicios de fraude electoral, empiezan a cuestionar la imparcialidad e integridad de las instituciones encargadas de organizar y supervisar las elecciones.

Apatía y desinterés político, además de la desilusión política entre los ciudadanos. Si se percibe que los resultados de las elecciones están predeterminados o que la voluntad del electorado no es respetada, los ciudadanos se sientan desmotivados para participar en futuros procesos electorales.

Las sospechas de fraude aumentan las divisiones y tensiones sociales.

Es importante destacar que las sospechas de fraude no siempre significan que el fraude efectivamente ocurrió. Es fundamental que las denuncias o sospechas sean investigadas y tratadas de manera imparcial por las autoridades competentes. Los sistemas democráticos cuentan con mecanismos para abordar estas situaciones, como los tribunales electorales y los procesos de verificación y auditoría electoral.

La transparencia, la rendición de cuentas y la imparcialidad en los procesos electorales son fundamentales para generar confianza en los resultados y asegurar la validez de la democracia.

Es tiempo que Morales honre la tradición radical y ordene que las urnas sean abiertas para despajar cualquier duda y sospecha.

El triunfo de Sadir – Berni es inobjetable y apabullante, las dudas están en las representaciones parlamentarias.