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Una nueva denuncia contra Morales llegó a la Oficina Anticorrupción

Es por "graves irregularidades" en Finca El Pongo, de cuyas tierras el gobierno dispuso para el cultivo de cannabis. Según consta en la exposición, el denunciante aportó pruebas documentales que quedarán en posesión de dicha oficina para su evaluación. En el último tiempo el organismo citó a declarar a varias personas que habían advertido sobre desmanejos por parte del gobierno en lo que respecta a los recursos que llegaron de nación para combatir la pandemia.

  • Un comerciante presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción para que se investiguen irregularidades en Finca el Pongo.
  • En su exposición, el denunciante apunta contra el gobernador Gerardo Morales, y los concejales Federico Menente y Walter Cardozo.

En los primeros días de septiembre del año en curso se concretó un bocinazo por el Hospital Zabala de Perico y en rechazo al plan de ampliación de cultivo de cannabis en tierras de Finca El Pongo. La pretensión del gobierno de Morales de pasar de las 35 hectáreas que se encuentran en producción a 2.000 generó muchas dudas en torno al “cambio de matriz productiva” impulsado y la falta de rendición de cuentas que imperó durante su gestión.

El diputado del PJ, Martín Palmieri, manifestó que, a lo largo de sucesivos gobiernos, nunca quedó claro cuáles fueron los fondos de la Finca El Pongo que se destinaron al Hospital Zabala porque hoy se encuentra desprovisto en medio de una pandemia.

Ahora una denuncia presentada en la fiscalía anticorrupción advierte sobre “graves irregularidades” y “mala administración” de la mentada finca.

En su exposición, el comerciante Raimundo Martínez, apuntó contra el propio gobernador Gerardo Morales, y los concejales afines Walter Cardozo y Federico Manente.

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Se adjuntó prueba documental que quedó a disposición de dicha oficina para su evaluación.

Cabe aclarar que en el último tiempo, el organismo que preside la militante radical Josefa Herrera, fue duramente cuestionado por el nulo avance en las investigaciones por graves denuncias de corrupción contra el gobierno y aliados políticos. También por los oficios en los que se cita a denunciantes y no a denunciados. Los primeros coinciden en que se trata de una maniobra disuasoria orquestada por el propio gobernador que Herrera reconoció, en su momento, “le da instrucciones”.

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