Finalmente, el proyecto tomó estado parlamentario en la Legislatura
En diálogo con Radio 2, Marcelo Pastore, uno de los principales impulsores de la medida desde la ciudad de San Pedro, recordó que la Ley de Iniciativa Popular otorga el derecho constitucional a los representantes de la ciudadanía de participar activamente en el debate de comisiones.
Aclaró que la propuesta de los vecinos no se limita a congelar o retrotraer montos temporales frente a la inflación, sino a sanear estructuralmente la composición del costo que abonan las familias jujeñas: "Este proyecto no pide parches ni retrotraer la tarifa a una fecha específica; vamos al hueso. Pedimos limpiar la boleta de la luz de una vez por todas de todas aquellas tasas municipales, alumbrado público e impuestos provinciales que no corresponden. Exigimos además que se termine con el monopolio, que se realice una auditoría real sobre la empresa y que se establezca un control social de los usuarios".
El referente graficó la angustia colectiva que enfrentan los hogares de menores ingresos en la provincia al momento de recibir las facturas de electricidad, denunciando la falta de controles efectivos por parte de los organismos provinciales y nacionales.
Consultado sobre los pasos a seguir durante los próximos días, el representante sampedreño criticó la inactividad que registró el parlamento provincial en las últimas semanas y exigió que las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Legislación General citen de inmediato a los promotores de la iniciativa: "Vamos a ir a la Legislatura para reunirnos con las comisiones. El pueblo ya no puede seguir esperando los tiempos o las apetencias electorales de los legisladores. Jujuy está sufriendo y no puede ser que no sesionen mientras la gente no llega a fin de mes. Tienen que demostrar de qué lado están: si de la gente o protegiendo a la empresa”.
Pastore concluyó destacando el carácter apartidario de la movilización popular, resaltando la importancia del uso de los mecanismos de democracia directa contemplados en la Constitución Provincial para exigir respuestas efectivas ante los servicios públicos.
