El abogado de la asociación de consumidores CODECUC, Alejandro Mur, analizó el impacto del informe publicado por Ámbito Financiero sobre las supuestas maniobras fraudulentas de la distribuidora jujeña y su par tucumana EDET. Cuestionó la parálisis de la justicia, la inacción de ARCA y la complicidad política en la inclusión de tasas municipales en las facturas.
La grave crisis tarifaria y las presuntas irregularidades financieras detrás de las empresas prestatarias del servicio eléctrico en el norte argentino escalaron a la agenda de los medios gráficos de tirada nacional.
En las últimas horas, el diario Ámbito Financiero dio amplia cobertura a la denuncia penal presentada contra la Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA) por supuesta evasión tributaria y maniobras con impuestos nacionales.
En diálogo con Radio 2, el abogado y referente de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios ( CODECUC), Alejandro Mur, se refirió al impacto de la revelación periodística y expuso el estado de situación de las causas judiciales tanto en Jujuy como en la provincia de Tucumán.
La investigación periodística nacional puso el foco en la presentación judicial impulsada por el ingeniero Farfán, la cual apunta a esclarecer dos hechos de presunta defraudación al erario nacional perpetrados por el holding Edison Energía (controlante de EJESA y EDET a través de los hermanos Juan y Patricia Neuss):
"Es una noticia muy importante que un medio nacional visibilice lo que aquí se oculta por conveniencia de pauta publicitaria. El holding de los hermanos Neus maneja con la misma lógica a EJESA en Jujuy y a EDET en Tucumán. Estamos hablando de supuestas defraudaciones tributarias que superaban los $6.600 millones en un período, sin contar los meses subsiguientes o anteriores", explicó Mur.
Asimismo, el letrado advirtió sobre la falta de respuestas institucionales: "Lamentablemente, ARCA aún no ha emitido dictamen y la causa penal en la justicia federal de Jujuy se encuentra llamativamente paralizada, sin mayores novedades procesales desde su presentación a principios de año".
Mur trazó un paralelismo entre la pasividad institucional en Jujuy y la reacción ciudadana en la vecina provincia de Tucumán, donde los usuarios protagonizaron masivas protestas callejeras a comienzos de octubre contra los abusos tarifarios de EDET.
"En Jujuy la causa está paralizada en la Justicia Federal, en la justicia provincial y en la Legislatura, donde cajonearon las más de 19.000 firmas de vecinos contra los tarifazos. EJESA es una empresa protegida por ciertos sectores del Gobierno y de la política porque de esas facturas infladas, mediante tasas y cargos ilegales, se financian fondos para la provincia y los municipios. Sin una movilización masiva como la de Tucumán, es muy difícil que la corporación ceda", aseveró.
En esa línea, adelantó que CODECUC se encuentra evaluando el acceso al expediente penal federal para constituirse como querellante y estableció contactos con organizaciones tucumanas para unificar criterios de reclamo.
