En medio de nuevas resoluciones nacionales que reducen los bloques de consumo subsidiado, desde la asociación de defensa de consumidores CODECUC señalaron que el impacto pleno en las boletas se sentirá con fuerza en noviembre. Reclamaron al gobierno provincial y a la Legislatura medidas urgentes para amortiguar el golpe tarifario.
La crisis tarifaria de los servicios públicos continúa en el centro de la escena provincial.
En diálogo con Radio 2, el titular de CODECUC, Alejandro Mur, analizó el alcance de las medidas nacionales sobre el mercado eléctrico, los plazos de impacto en las facturas y la necesidad de aplicar filtros provinciales para evitar que los aumentos ahoguen a los hogares jujeños.
Mur aclaró que, en el marco de la normativa nacional (Resolución 272 de la Secretaría de Energía de Nación), el bloque de consumo básico subsidiado para usuarios residenciales (categorizados en el RASE y focalizados) se redujo a 200 kWh/mes para los periodos de septiembre y octubre, adelantando que en noviembre descenderá aún más, a 150 kWh/mes.
"Lo que debe quedar en claro es que esa bonificación general del 50% no significa un 50% de descuento sobre la factura total de la luz, sino un descuento del 50% aplicable exclusivamente sobre el costo del precio de ingreso al sistema de transporte del mercado mayorista para el bloque base de consumo", detalló el referente.
Asimismo, advirtió que los usuarios recién podrán constatar el impacto real de este esquema al recibir las boletas durante los primeros días de noviembre, dado que los consumos del mes en curso se están liquidando bajo estas nuevas pautas. Quedan excluidos de este beneficio los usuarios de ingresos altos, comercios e industrias.
Consultado sobre las presentaciones legales impulsadas por CODECUC, Mur confirmó que continúan a la espera de resoluciones judiciales firmes. Entre ellas se encuentran la demanda por nulidad del contrato de compraventa de energía fotovoltaica y la causa colectiva impulsada ante la Cámara Civil y Comercial por el colapso del sistema eléctrico registrado a mediados de año, que incluye pedidos de medidas cautelares para evitar cortes de suministro a sectores vulnerables.
Respecto a las sanciones económicas impuestas a la prestataria —como las multas por más de 500 millones y 1.000 millones de pesos anunciadas por el organismo de control—, el especialista indicó que no existe información pública clara sobre si la empresa abonó dichos montos o si fueron judicializados mediante recursos administrativos.
Ante las miles de firmas presentadas por vecinos del interior provincial en la Legislatura exigiendo la revisión de tasas y del propio contrato de concesión, desde Codecuc enfatizaron que el Estado provincial y el parlamento local cuentan con amplias facultades técnicas y económicas para intervenir.
Entre las medidas sugeridas para mitigar la crisis, la entidad propuso:
Finalmente, Mur advirtió que la falta de respuestas institucionales a los reclamos vecinales podría desencadenar medidas de fuerza y movilizaciones similares a las registradas en provincias vecinas.
