En Jujuy, el Estado obliga a pagar más por menos

Pero si además, el Estado, en lugar de invertir esos recursos en servicios de calidad, los devuelve en forma de servicios públicos deficientes o insuficientes, la situación se torna aún más preocupante. La ciudadanía termina pagando más por menos, lo que genera una pérdida de confianza en las instituciones y un sentimiento de injusticia.

Las consecuencias son múltiples: en primer lugar, la desigualdad social se profundiza. Los más vulnerables sufren las peores condiciones porque los recursos que deberían llegar a hospitales, escuelas, infraestructura o programas sociales. Eso no pasa. Además, un Estado que recauda mal y devuelve servicios deficientes desalienta la inversión, tanto local como extranjera, limitando el crecimiento económico sostenible en el tiempo.

Por otro lado, hay como un círculo vicioso: menos recursos para el Estado que significa menos inversión en la población, lo que se traduce en mayor pobreza, delincuencia, y una constante inestabilidad social. Todo ello termina afectando la calidad de vida de los ciudadanos y la estabilidad en general.

En conclusión, la mala gestión de los recursos públicos no solo perjudica la economía, sino que también erosiona la legitimidad del estado y socava la confianza en las instituciones democráticas. Por eso, la transparencia, la buena recaudación y la eficiente administración de los recursos son elementos fundamentales para una sociedad más justa y con prosperidad.

Tenemos que mirar que pasa en el mundo en donde hay regiones que tienen la virtud de recaudar de manera eficiente sus recursos y, además, devolverle a la sociedad servicios públicos de primera calidad. ¿Cómo lo logran?... esta es la pregunta…

Primero, estos Estados suelen tener sistemas fiscales sólidos y transparentes. La recaudación efectiva se basa en leyes claras, una administración tributaria moderna y tecnológica, y una cultura de cumplimiento que fomenta la responsabilidad fiscal. Esto significa que los impuestos son justos y se recaudan sin tanta evasión, permitiendo que los recursos fluyan regularmente a las arcas públicas.

Pero no basta con recaudar, también es fundamental administrar bien esos fondos. En estos países, las instituciones públicas cuentan con una gestión eficiente, con planes de inversión bien diseñados y con un control riguroso sobre los gastos. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares que aseguran que cada peso recaudado se utilice en lo que realmente beneficia a la sociedad.

¿Y qué pasa con los servicios públicos? Pues, en estos Estados, la inversión en salud, educación, infraestructura y seguridad es constante, de calidad y accesible para todos. La innovación y la planificación son clave: usan tecnologías, capacitación y buenas prácticas para ofrecer servicios eficientes, cortos tiempos de espera y atención de excelencia.

La respuesta es obvia: una ciudadanía más satisfecha, con mayor confianza en sus instituciones, mayor cohesión social y un ciclo virtuoso que fomenta el crecimiento económico.

Por otra parte, la inversión en capital humano, en infraestructura y en bienestar social genera más oportunidades y mejora la calidad de vida.

La clave radica en una suerte de combinación de una buena política fiscal, administración transparente, gestión eficiente y un compromiso real con la calidad en los servicios públicos. Todo esto crea un círculo virtuoso que impulsa el desarrollo y el bienestar de la población.

Frente a esto aquí estamos embrollados en un debate sostenido en tres preguntas que aún no tienen respuesta de la dirigencia:

¿Qué tipo de estado necesitamos? ¿Un Estado chico, un Estado grande, o quizás uno que sea realmente eficiente?

En este sentido podemos ensayar algunas respuestas:

Primero, hablemos del Estado chico. Este modelo impulsa la idea de reducir la intervención del gobierno en la economía y en la vida social. La filosofía consiste en que menos estado significa menos burocracia, menos impuestos y, en teoría, más libertad para los ciudadanos y las empresas. Pero, cuidado, porque un estado demasiado pequeño puede dejar sin protección ni servicios esenciales a la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables. La clave aquí está en encontrar un equilibrio entre la libertad y la protección a la gente.

Por otro lado, tenemos el Estado grande, ese que interviene de manera activa en diversos ámbitos, asegurando una fuerte presencia en la economía, con amplios servicios sociales y una regulación intensa. La ventaja es que puede garantizar igualdad de oportunidades y protección social, pero si no se administra bien, puede convertirse en un estado ineficiente, con altos costos, burocracia excesiva y poca eficiencia en los servicios. La clave en este modelo, entonces, radica en evitar que se vuelva un estado pesado e ineficaz.

El escenario ideal creo yo sería lograr un Estado eficiente. Ni demasiado grande ni demasiado pequeño. De esta manera se lograría administrar los recursos con transparencia, eficiencia y compromiso. Un Estado que invierte en servicios públicos de alta calidad —como salud, educación, seguridad— pero sin desbordar su aparato burocrático ni generar cargas fiscales desmedidas. En este modelo, la clave está en la buena gestión, en la innovación institucional y en la capacidad de adaptarse a las necesidades de la sociedad moderna.

En definitiva, no se trata solo de tamaño, sino de cómo se administra ese tamaño. Un Estado eficiente es aquel que sabe en qué invertir, cómo gastar con responsabilidad y cómo responder a las demandas ciudadanos sin perder la calidad y la sostenibilidad.

No se trata de reducir o agrandar el estado por decreto, sino transformarlo en una institución efectiva y transparente, que verdaderamente sirva a la gente porque al final, un Estado que funciona bien, ni muy grande ni muy pequeño, es la base para construir una sociedad más justa, más equilibrada y próspera para todos.