Las encuestas de Posadas impactaron a Sadir y desataron la furia de Morales

Un eventual acuerdo entre Sadir y Rivarola, al margen de Morales, podría modificar el tablero político provincial, especialmente si incluye respaldos cruzados en la disputa por la Intendency capitalina y las aspiraciones de reelección de Jorge. La reacción atribuida a Morales habría sido ordenar la interpelación de Posadas y recurrir a la amenaza de "carpetazos", una práctica que sus críticos asocian con su forma de ejercer el poder.

El interrogante de fondo es cómo un exgobernador, convertido formalmente en un ciudadano común, conserva semejante capacidad de influencia sobre las decisiones del Gobierno y la selección de candidaturas. Los nombres de Adriano Morone para la Intendencia, así como los de Jorge Rizzotti y eventualmente Alberto Bernis propuestos por Morales para la Vicegobernación, alimentan esa discusión. La comparación con Carlos Rovira, el dirigente que durante décadas mantuvo una influencia decisiva en Misiones, se replica en Jujuy con Gerardo Morales y plantea una pregunta incómoda para la provincia: ¿estamos ante una estructura de poder que trasciende los cargos institucionales y condiciona a quienes gobiernan?

Mientras tanto, la provincia acumula problemas económicos y sociales que requieren respuestas urgentes. Sin embargo, una dirigencia concentrada en sus disputas internas corre el riesgo de relegar las necesidades de la sociedad. Cuando las estrategias electorales, los acuerdos reservados y las disputas por el control del poder ocupan el centro de la escena, la pregunta inevitable es quién se ocupa de gobernar Jujuy y de responder a los problemas cotidianos de los jujeños.

La crisis política que atraviesa el oficialismo jujeño vuelve a poner en evidencia una pregunta que parece incomodar a buena parte de la dirigencia provincial: ¿quién gobierna realmente Jujuy y quién toma las decisiones que determinan su futuro político? La disputa entre Carlos Sadir y Gerardo Morales, que quedó expuesta públicamente a partir de la interpelación al ministro Federico Posadas, parece ir mucho más allá de una discusión sobre estadísticas electorales. En el fondo, lo que está en juego es el control del poder, la definición de las candidaturas y la capacidad del gobernador de construir un liderazgo propio sin depender de la estructura política que dejó su antecesor.

Según las interpretaciones que circulan en el ámbito político, las encuestas sobre la imagen pública de Morales habrían contribuido a profundizar las diferencias internas y a abrir nuevas oportunidades para aquellos dirigentes que consideran necesario reorganizar el oficialismo. En ese escenario, Posadas habría quedado ubicado en el centro de una disputa que excede su gestión ministerial. Más allá de las versiones sobre supuestas operaciones políticas, amenazas o represalias, lo concreto es que la controversia dejó al descubierto una tensión que el oficialismo no ha logrado resolver: la convivencia entre la autoridad institucional de Sadir y la influencia que Morales conserva dentro del radicalismo jujeño.

El problema aparece cuando esa influencia deja de ser un factor de consulta política y se convierte, o es percibida, como un condicionamiento permanente sobre las decisiones del Gobierno. Sadir necesita consolidar su propia conducción, ordenar su equipo y definir una estrategia electoral que responda a sus objetivos políticos. Morales, por su parte, pretende preservar el peso de una estructura que construyó durante años y mantener capacidad de intervención en la selección de candidatos y en los acuerdos que definirán el futuro del espacio. Entre ambos se encuentra una dirigencia que debe decidir si continúa sosteniendo una conducción compartida o si acepta que el gobernador ejerza plenamente la autoridad que le corresponde por su responsabilidad institucional.

La interpelación a Posadas terminó convirtiéndose en el escenario donde esas diferencias se hicieron públicas. Lo que inicialmente podía entenderse como un mecanismo legítimo de control legislativo adquirió una dimensión política cuando el ministro denunció la existencia de un "doble centro de poder". La reacción de los legisladores oficialistas y la reivindicación de una mesa de conducción integrada por Sadir, Morales, Alberto Bernis y otros referentes demostraron que las diferencias internas no son solamente una cuestión de declaraciones individuales, sino un problema de organización política. La pregunta es si esa conducción compartida representa un mecanismo genuino de diálogo o si se ha transformado en una estructura que dificulta establecer responsabilidades y definir quién tiene la última palabra.

En este contexto, Federico Posadas aparece como un actor cuya posición puede resultar decisiva para el equilibrio interno. Si cuenta con el respaldo efectivo de Sadir, su permanencia y su capacidad de gestión podrían convertirse en una señal de autonomía del gobernador. Si, por el contrario, las disputas terminan debilitándolo o desplazándolo, la interpretación política será que los sectores tradicionales todavía conservan capacidad para condicionar las decisiones del Ejecutivo.

Mientras tanto, la disputa comienza a proyectarse sobre el armado electoral de 2027. La Intendencia de San Salvador de Jujuy aparece como uno de los espacios más sensibles, porque allí se cruzan las aspiraciones de continuidad de Raúl Jorge, las posibilidades de renovación que representa Adriano Morone y los intereses de los distintos sectores del oficialismo. La capital no es solamente una administración municipal: es un territorio de peso electoral, visibilidad pública y construcción de liderazgo. Por eso, la definición de su candidatura puede convertirse en una prueba de fuerza entre quienes pretenden preservar el esquema actual y quienes buscan reorganizarlo.

También se ha mencionado la posibilidad de acercamientos entre Sadir y sectores del peronismo, incluido el espacio vinculado a Rivarola. De confirmarse, esos entendimientos podrían modificar el equilibrio político provincial y facilitar acuerdos puntuales en la Legislatura o en determinados municipios. Sin embargo, no corresponde dar por existente una alianza que no haya sido acreditada públicamente. Lo que sí puede afirmarse es que, cuando un oficialismo entra en una disputa por su conducción, los dirigentes comienzan a explorar alternativas para ampliar su margen de negociación y reducir su dependencia de los sectores tradicionales. La cuestión será determinar si esos acuerdos responden a un programa compartido o si constituyen únicamente una estrategia para desplazar a un adversario interno.

La comparación con Carlos Rovira, en Misiones, plantea un interrogante que merece atención: ¿hasta qué punto un dirigente puede conservar el control de una estructura política después de dejar la Gobernación? La experiencia de otras provincias demuestra que el poder no desaparece automáticamente cuando termina un mandato. Las redes partidarias, los vínculos legislativos y la capacidad de influir en las candidaturas pueden prolongar la autoridad de un exgobernador durante años. Sin embargo, la influencia política no es, por sí misma, una irregularidad. El problema surge cuando las decisiones fundamentales se adoptan fuera de los mecanismos institucionales o cuando quienes tienen la responsabilidad formal de gobernar carecen de autonomía efectiva para hacerlo.