La bomba Posadas terminaría eyectando a cinco diputados del bloque oficialista

Ya no se trata solamente de diferencias entre dirigentes de un mismo espacio, sino de una disputa por la conducción política del gobierno y por la capacidad de decidir el rumbo de la administración provincial.

La cuestión central no es si Morales conserva influencia dentro del radicalismo jujeño, algo legítimo en función de su trayectoria, sino si esa influencia se traduce en una interferencia sobre las decisiones de Sadir. Una cosa es ejercer el liderazgo partidario mediante el diálogo y la construcción de consensos; otra, muy distinta, es pretender conservar las atribuciones de gobierno después de haber dejado el cargo.

En una democracia, la responsabilidad de gobernar corresponde a quien recibió el mandato popular; por eso, si la denuncia de Posadas refleja efectivamente el funcionamiento interno del Ejecutivo, el problema excede las diferencias personales y compromete la institucionalidad provincial. Cuando no está claro quién conduce, tampoco queda claro quién asume la responsabilidad por las decisiones y sus consecuencias.

Los trascendidos sobre una posible ruptura de al menos cinco legisladores del bloque oficialista —Alejandra Mollón, Mario Lobo, Omar Gutiérrez, Ramón Neyra y Mario Nallar—, quienes respaldarían a Sadir y coincidirían con las declaraciones de Posadas, constituyen otro indicio de la profundidad del conflicto. De verificarse esa fractura, el oficialismo enfrentaría una crisis que difícilmente pueda resolverse mediante un simple llamado a la unidad. Pero además, como condimento al estallido en el bloque radical, trascendió el enfrentamiento entre el diputado Diego Rotela y la «bullrichista» Alejandra Mollón por la fecha de la elección. La legisladora sostiene que hay que modificar el calendario y acordar con el presidente Javier Milei, lo cual provocó la furia de Diego Rotela como demostración de su obsesiva obsecuencia hacia Gerardo Morales, quien ordenó el adelantamiento de las elecciones. Rotela amenazó con dejar el bloque si la señora Mollón permanecía en él.

La cohesión parlamentaria es importante para garantizar la gobernabilidad, pero no puede confundirse con la obediencia a una conducción informal ni con la aceptación de una autoridad paralela. Una alianza puede convivir con diferencias, pero cuando estas paralizan decisiones, debilitan al Ejecutivo y se trasladan a las instituciones, dejan de ser un asunto interno para convertirse en un problema que afecta a toda la sociedad.

La imagen de un teléfono que suena desde China sintetiza, con particular contundencia, la percepción de que las decisiones del gobierno todavía podrían estar condicionadas por un liderazgo que ya no ocupa formalmente la gobernación. El problema no reside en la ubicación geográfica de Morales, sino en la posibilidad de que su ausencia física no implique una transferencia efectiva del poder.

Una sucesión gubernamental que no garantiza autonomía al nuevo mandatario corre el riesgo de convertirse en una continuidad condicionada, en la que el gobernador conserva la responsabilidad institucional, pero no necesariamente toda la capacidad de decisión.

En este escenario, la actitud de Sadir merece una mirada crítica. Su intento de poner paños fríos y sostener que las diferencias no deben afectar la gestión puede resultar razonable como expresión de prudencia política; sin embargo, el diálogo deja de ser una virtud cuando se convierte en una forma de postergar decisiones indispensables. No alcanza con pedir que la interna no interfiera en el gobierno si no se resuelven las causas que la alimentan. ¿Cómo puede desarrollarse una gestión normal si persisten las dudas sobre quién define las prioridades, establece los límites y tiene la última palabra? La gestión no transcurre al margen de las relaciones de poder: depende de ellas. Por eso, mientras la conducción política permanezca en disputa, las consecuencias terminarán reflejándose en el funcionamiento administrativo, en la actividad legislativa y en la capacidad del Ejecutivo para desarrollar una agenda propia.

El mayor interrogante es si Sadir está dispuesto a ejercer plenamente las atribuciones que le corresponden. No necesita necesariamente romper con Morales ni convertir el conflicto en una confrontación personal, pero sí establecer límites claros entre el liderazgo partidario y la responsabilidad ejecutiva. La prudencia no debe confundirse con indecisión, ni la búsqueda de consensos con la renuncia a la autoridad.

Un gobernador no puede limitarse a administrar las tensiones de su coalición: debe resolverlas de manera que no comprometan el funcionamiento del Estado. Si existe una interferencia, debe abordarla políticamente; si hay diferencias, debe procesarlas; y si se pretende condicionar la gestión desde posiciones ajenas a la estructura formal del Ejecutivo, debe dejar en claro cuáles son las reglas de conducción.

Morales también enfrenta una disyuntiva: su experiencia y su influencia pueden contribuir al fortalecimiento del radicalismo si se expresan mediante el acompañamiento político y el respeto por las decisiones del gobernador, pero si esa influencia se transforma en una tutela permanente, terminará convirtiéndose en un obstáculo para la autonomía de su sucesor.

La madurez de una fuerza política se demuestra cuando es capaz de preservar el aporte de sus dirigentes históricos sin impedir que quienes asumen nuevas responsabilidades desarrollen un liderazgo propio.

A esta crisis se suma el desgaste que produce ante la opinión pública un gobierno concentrado en sus disputas internas. Las encuestas desfavorables mencionadas en este contexto, cuyos resultados concretos deberían conocerse para dimensionar su alcance, podrían constituir una señal de alerta sobre la pérdida de confianza y la percepción de una gestión debilitada. Cuando la interna ocupa el centro de la escena, las políticas públicas pierden visibilidad, las decisiones se dilatan y el gobierno deja de ser evaluado por sus resultados para ser juzgado por su incapacidad de resolver quién conduce. El problema no es solamente que la disputa se esté comiendo la gestión, sino que amenaza con convertirse en el principal argumento contra el propio oficialismo.

La salida no depende de declaraciones conciliadoras ni de convocatorias genéricas a trabajar por la provincia; exige resolver la cuestión de fondo: quién conduce el gobierno y bajo qué reglas se relacionan los distintos sectores de la alianza. Sadir puede transformar esta crisis en una oportunidad para consolidar su liderazgo, recuperar iniciativa y dotar de mayor autonomía a su administración; pero si continúa intentando contener las consecuencias sin enfrentar las causas, corre el riesgo de profundizar su debilidad política y quedar atrapado en una convivencia que posterga indefinidamente la resolución del conflicto.

En definitiva, la crisis del oficialismo jujeño expone una transición de liderazgo que parece no haberse completado. La denuncia de doble comando, la posible fractura legislativa y los intentos de Sadir por bajar la tensión revelan que la disputa ya afecta la autoridad del gobernador, la cohesión de la alianza y la credibilidad de la gestión.

La verdadera prueba para Sadir será demostrar que puede preservar la unidad sin renunciar a la conducción, sostener el diálogo sin aceptar interferencias y garantizar la gobernabilidad sin confundirla con la continuidad de un esquema de poder heredado, porque gobernar no consiste solamente en evitar conflictos, sino en resolverlos sin subordinar las instituciones a las disputas partidarias.

Si la sombra de Morales continúa interfiriendo en la dinámica del Ejecutivo, el llamado a concentrarse en la gestión corre el riesgo de quedar reducido a una expresión de deseos. Cuando la autoridad formal no coincide con la capacidad efectiva de gobernar, la crisis deja de ser un problema entre dirigentes y se convierte en una debilidad institucional cuyo costo termina pagando la sociedad jujeña.