En un crudo testimonio brindado en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, Roxana, hermana del abogado y ex empleado administrativo Matías Yevara, denunció maniobras de encubrimiento, manipulación judicial y falta total de garantías para el único imputado que permanece privado de su libertad en el Servicio Penitenciario de Alto Comedero desde agosto de 2024.
La figura del arrepentido, pactos rotos y nombres de la política
Según relató Roxana, a finales de diciembre de 2024 su hermano acordó con el fiscal de la causa, Diego Funes, acogerse a la figura del arrepentido. En una declaración grabada en video, el imputado habría aportado detalles minuciosos sobre la ruta del dinero espurio, cuentas paralelas y el desvío de recursos hacia cerca de 40 centros vecinales vinculados al radicalismo, además de señalar la presunta connivencia de diputados provinciales, ex ministros de Seguridad, jefes policiales y altos mandos del Servicio Penitenciario.
A cambio de la confesión detallada que permitía avanzar hacia la cúpula del esquema, la Fiscalía habría prometido un proceso abreviado con una pena condicional de tres años y permanencia en el predio de Caballería. Sin embargo, tres días después de prestar declaración, Yevara fue sorpresivamente trasladado al Penal de Alto Comedero.
“A mi hermano lo hicieron declarar simplemente para saber qué era lo que sabía y quiénes eran los involucrados, y desde ahí taparon todo. Un abogado me lo dijo claramente: 'Él va a quedar detenido, él es el perejil que tiene que estar ahí'. Él dio nombres de diputados, ministros y todo lo que involucra a la Casa de Gobierno. A los tres días se lo llevaron al penal y rompieron el acuerdo”, denunció.
La fiscalía niega las grabaciones a la defensa y archiva denuncias
La hermana del detenido aseguró que hasta el momento la Fiscalía se ha negado de forma sistemática a entregar los registros audiovisuales de la declaración del arrepentido a los abogados defensores, pese a existir un mandato explícito del juez de control Fernández para su provisión.
Asimismo, reveló que cuando Matías Yevara denunció formalmente al fiscal Funes por presunto encubrimiento, el ex Fiscal General Sergio Lelo Sánchez archivó la presentación en apenas tres días. A pesar del relevo de Lelo Sánchez y la llegada del fiscal Miguel Ángel Bosatti al Ministerio Público de la Acusación (MPA), la causa no registra avances contra los altos mandos mencionados en el expediente.
Matías Ustarez y funcionarios en libertad
Uno de los puntos más controvertidos expuestos en la denuncia pública es la disparidad en las medidas cautelares aplicadas a los involucrados. Pese a que la responsabilidad del Juzgado Contravencional recaía de forma directa sobre el ex juez Matías Ustarez —firmante de los expedientes enviados a archivo y de las rendiciones de cuentas—, el ex magistrado y otros funcionarios públicos implicados atraviesan el proceso en absoluta libertad y cumpliendo funciones.
“¿Cómo un abogado va a hacer todo lo que se hizo en ese juzgado sin que el juez lo sepa? El que manejaba todo ahí era el exjuez Ustarez; él era el que firmaba y pasaba a archivo los expedientes. Sin su firma nada se podría haber hecho. Sin embargo, Ustarez está libre, los otros funcionarios públicos están en libertad y el único detenido es mi hermano”, Roxana.
"El juicio del 9 de noviembre ya está perdido; temo por nuestras vidas"
Frente al inminente inicio de las audiencias debate, la familia de Yevara expresó que no existen garantías mínimas de imparcialidad procesal, confirmando que interpusieron notas directas ante el gobernador Carlos Sadir sin haber recibido respuestas oficiales.
“Al juicio del 9 de noviembre ya lo veo perdido. Dos años estuve callada viendo audiencia por audiencia, pero no confío en nadie. Hago responsable a la Fiscalía si le pasa algo a mi hermano en el penal o a mí, porque tengo miedo pero ya no me voy a callar más”, concluyó.
