Señalaron distintas situaciones perjudiciales que, además, les provoca esta exigencia de las empresas.
Recientemente, empresas de transporte urbano de pasajeros de Jujuy determinaron que las personas con discapacidad deberán acreditar su condición para acceder al boleto gratuito.
Esto fue mal recibido por los beneficiarios como Ana Ascárate, quien consideró que la medida “es estigmatizante”, ya que exhibir un carnet de discapacidad en el colectivo, cuando hay discapacidades visibles e invisibles, es como mostrar la historia clínica de cada una de estas personas, como que un usuario tenga que exhibir su Documento Nacional de Identidad o título universitario para subir a un colectivo.
Los pases libres, dice, se gestionaban en lugares alejados, de difícil acceso para las personas en su condición, que solo tratan de “convivir, ser incluidos, no estigmatizados. Generalmente tratamos de evitar mostrar el carnet por todos lados”.
Ese carnet es, además, difícil de tramitar y conseguir, por lo que cualquiera puede imaginar lo que significaría romperlo, dañarlo o extraviarlo.
Además, la discapacidad puede adquirirse en cualquier momento de la vida; las personas se van poniendo viejas y pierden habilidades. Y las que tienen discapacidad no son las únicas que toman el colectivo. Que haya solamente dos unidades adaptadas “una que sale a la mañana y otra a la noche”, dijo Ana, les complica las cosas tanto a personas discapacitadas como de la tercera edad, mujeres embarazadas, o personas que llevan bolsas y objetos.
No hace mucho tiempo, Ana fue a la Legislatura con este planteo; se reunió con algunos legisladores e incluso una fiscal, y les propuso otra forma de control, como un código QR que puedan usar diversos actores sociales que utilizan el servicio, pero no tuvo respuestas al respecto.
También criticó señalamientos de empresarios que expresaron que hay muchas personas que tienen el beneficio pero no tienen discapacidad; “falso. Primero que digan cómo, que demuestren quiénes, porque hablan en general pero no muestran números ni zonas ni nada. Es una manera de justificar no otorgar un buen servicio”.
Además, recordó que cada persona que tiene Certificado Único de Discapacidad está incluida en un registro, y las empresas reciben subsidios por cada una de ellas que utilizan el servicio.
