Luego de una maratónica jornada, el oficialismo logró los votos necesarios y dio media sanción al proyecto de ley de Aporte Solidario por única vez o, como se lo conoce popularmente, impuesto a la riqueza.
El debate terminó a la madrugada y el proyecto tuvo 133 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones.
El Frente de Todos tiene 119 diputados y necesitaba 10 votos más a favor. En bloque del lavagnismo y del socialismo señalaron que iban a acompañar, pero no todos los legisladores de esos bloques lo iban a hacer.
A la hora del conteo final, lo que se pudo observar es que el oficialismo esta vez perdió dos votos: el de una habitual aliada como Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino que dio un duro discurso (dijo que traerá “más costos políticos y sociales que beneficios económicos” y que se judicializará) y el del santiagueño del Frente de Todos, Bernardo Herrera, internado con coronavirus.
Asimismo, el conteo de los votos reflejó los acuerdos previos con gobernadores como Juan Schiaretti, de Córdoba Federal, y el radical Gerardo Morales que como en el Presupuesto 2021 aportaron votos. Con estos acompañamientos, la votación final mostró 133 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones.
Cuatro legisladores jujeños apoyaron la aprobación, uno voto en contra y el restante directamente no votó.
El proyecto de ley de Aporte Solidario Extraordinario alcanzaría a poco más de 9.200 personas que tienen patrimonios declarados de más de 200 millones de pesos. En sus ejes centrales establece que es un aporte por única vez que va a alcanzar exclusivamente a las personas humanas de elevado nivel patrimonial. Sólo están incluidos quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos, con una alícuota del 2%, que incrementa a medida que el patrimonio es mayor.
Alrededor de la mitad de los 9200 personas que serían alcanzadas por este aporte tiene declarados una fortuna que va de los $ 200 millones a los 400 millones de pesos. En ese sentido, la tasa más alta del impuesto alcanza, según los datos aportados por la Afip, a menos de 300 personas.
En el caso de que los bienes declarados estén en el exterior, las alícuotas son un 50% mayores.
Un punto muy criticado por la oposición es que el proyecto grava el capital de trabajo, los bienes de cambio, la maquinaria, así como también a los accionistas locales.
