Un megaoperativo policial desplegado para concretar un desalojo en la comunidad originaria de Santa Rosa, en la ciudad de Humahuaca, derivó en una presentación formal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Representantes territoriales acudieron al organismo provincial para ampliar denuncias penales por violencia institucional, represión desmedida e irregularidades en el procedimiento ejecutado por la Policía de la Provincia de Jujuy.
"Nos dispararon al cuerpo y a la cara": amplían la denuncia por el desalojo violento en Humahuaca
Referentes indígenas se presentaron ante el Ministerio Público de la Acusación para denunciar represiones a mansalva, heridos con balas de goma y la detención de mujeres durante un operativo que movilizó a 150 efectivos. Apuntan a la inacción del gobernador Carlos Sadir y a la falta de explicaciones de las autoridades.
El operativo, que contó con el despliegue de aproximadamente 150 efectivos, incluyendo personal de Infantería y el SAME, dejó un saldo de seis personas heridas por impactos de balas de goma, uso indiscriminado de gases lacrimógenos y al menos siete detenciones, entre ellas cinco mujeres de la comunidad.
"Entraron a casas que no tenían nada que ver"
Yolanda Zoruco y Florencia Saquita, integrantes de la comunidad de Santa Rosa, relataron los momentos de tensión vividos durante el procedimiento. Según expusieron, la intervención policial se desató sin mediación previa ni resguardo de la integridad física de las familias presentes.
"Llegaron a disparar y tirar gases lacrimógenos directamente al cuerpo y al rostro de las mujeres. Ya estaba despejado el lugar del desalojo, pero siguieron disparando y persiguiendo a la gente hacia otros domicilios que no tenían ninguna relación con la medida judicial", señaló Zoruco.
Asimismo, remarcaron que el operativo afectó a menores de edad y adultos mayores. "Rompieron vidrios y tiraron gases adentro de viviendas particulares donde había niños. A una mujer le dispararon en la cara a menos de cinco metros cuando salió a buscar a su sobrina", denunciaron.
Saquita, de 69 años, relató el trato recibido por parte de las fuerzas de seguridad al momento de intentar resguardarse de la represión: "Fue una brutalidad increíble. Entraron a una casa ajena al conflicto, tiraron gases y la gente empezó a vomitar y a toser. A una integrante la aprehendieron entre diez policías hombres y la tiraron adentro de la camioneta como si fuera una delincuente".
Cuestionamientos a la praxis judicial y al rol de la Secretaría de Pueblos Indígenas
Las representantes comunitarias exhibieron documentación institucional para desmentir las versiones oficiales difundidas tras los hechos, que calificaban el conflicto como una disputa entre particulares y negaban la presencia de niños en el predio.
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Estatus jurídico: Exhibieron el libro de actas de la comunidad, ratificando su personería jurídica y el trámite avanzado para el título comunitario de las tierras.
Incumplimiento de garantías: Denunciaron que la orden judicial establecía que, previa ejecución de la medida, debía garantizarse la reubicación habitacional de los menores, condición que no se cumplió según los informes del propio Instituto de Vivienda de Jujuy (IVUJ).
Ausencia de autoridades: Criticaron la inasistencia en el lugar del juez de la causa, Dr. Calderón, y la inacción de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Provincia. "En lugar de defendernos o informar como corresponde al juez, nos entregan y desinforman", recriminó Zoruco.
El silencio del Poder Ejecutivo y el reclamo a la Legislatura
El caso volvió a poner en agenda el debate sobre el uso de la fuerza pública en conflictos territoriales y la necesidad de establecer controles efectivos sobre la actuación policial en Jujuy. Desde la comunidad apuntaron a la ausencia del gobernador Carlos Sadir en la discusión pública del episodio y reclamaron que la Legislatura provincial llame a interpelación al Secretario de Seguridad, Gil Urquiola.
"Nos tratan de delincuentes por ser integrantes de pueblos originarios y defender el territorio. La seguridad no se puede manejar con criterios de obediencia política; los conflictos no se resuelven con más uniformados, se resuelven con la ley y con diálogo", concluyeron las referentes.
La causa por las responsabilidades penales e institucionales del operativo continúa bajo investigación en el MPA.