Desde la comunidad de Pozo Colorado, advirtieron que las empresas mineras continúan con trabajos y monitoreos ambientales en la región sin la debida consulta previa. Aseguran que las concesiones afectan a múltiples poblaciones y cuestionan la falta de respuestas de la justicia ante los amparos presentados.
La tensión en las comunidades originarias de la Puna jujeña por el avance de los proyectos de extracción de litio no cesa.
Erica Cañari, integrante de la comunidad de Pozo Colorado en Salinas Grandes, expuso la compleja realidad que atraviesa la zona frente a la presencia de empresas mineras que desarrollan tareas de perforación y monitoreo sin el consentimiento de los pobladores locales.
Señaló que los trabajos se extienden por diferentes puntos de la jurisdicción y zonas aledañas como Casabindo y Cochinoca, abarcando superficies que impactan a múltiples comunidades de manera colectiva, pese a lo cual solo se esgrimirían autorizaciones provinciales aisladas.
"Las concesiones no son pequeñas, son muy grandes y abarcan a otras comunidades colindantes. Las mineras dicen 'tengo el aval de una comunidad', pero la concesión abarca a otras y no hay una consulta que debería ser para todas... No hay un permiso legal ni información previa al municipio", sostuvo Cañari al dialogar con Radio 2.
La referente comunitaria detalló que en el terreno ya se visualizan numerosas perforaciones entubadas realizadas desde el inicio de las exploraciones en 2023, caminos abiertos y terraplenes. Sin embargo, advirtió sobre la falta de claridad en torno a los planes de remediación ambiental y el control a futuro de estos pozos una vez concluida la etapa exploratoria.
Asimismo, cuestionó que los monitoreos ambientales aprobados por la provincia sigan su curso a pesar de las presentaciones judiciales y recursos de amparo interpuestos por las comunidades a través de equipos legales.
"El tema es cómo va avanzando la justicia... Tendría que estar parado totalmente hasta que se solucione el conflicto que tienen las comunidades con el gobierno. Las empresas van avanzando de esa manera porque ya están adentro; ese es el problema, no hay cómo frenarlo", lamentó Cañari.
Desde las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc anticiparon que continuarán evaluando medidas con el asesoramiento de sus equipos jurídicos, exigiendo transparencia y el cumplimiento efectivo del derecho a la consulta previa, libre e informada frente a un proceso extractivo que consideran inconsulto y perjudicial para el territorio.
