De acuerdo con lo expresado por fuentes gremiales, la medida fue encabezada por el secretario de prensa del sindicato a nivel nacional, Mariano Airali, quien sostuvo que el empresario no es nuevo en la actividad aerocomercial y recordó su paso por la presidencia de Southern Winds, firma cuyo cierre dejó a 400 familias sin fuente laboral, además de mencionar causas penales y condenas tributarias previas.
Antecedentes judiciales y críticas a la desregulación
En diálogo con la prensa desde la terminal aérea jujeña, Airali remarcó que el sindicato viene alertando sobre esta situación desde el pasado 27 de octubre y cuestionó la falta de controles estatales para habilitar nuevas operadoras en el país.
"Venimos a exponer la situación de esta empresa nueva que está volando en el aeropuerto de Jujuy y advertir que su CEO, Juan José Maggio, ya fue presidente de Southern Winds y responsable del cierre que dejó 400 familias en la calle. Además estuvo vinculado con las causas de las narcovalijas, fue procesado por evasión impositiva y condenado en 2011 por apropiación de tributos", afirmó el dirigente aeronáutico.
Asimismo, el vocero de APA comparó el escenario actual con experiencias previas en el sector low cost y criticó la asimetría en las exigencias de control: "A nuestros trabajadores, cuando tienen que sentarse en un mostrador o estar en una rampa para sacar su credencial, se les piden antecedentes penales y un montón de requisitos; ahora, para abrir una línea aérea no se pide nada, porque los procesos y las condenas que tuvo este señor están en la Justicia".
Tercerización laboral y pedido de informes por presuntos subsidios
Por otra parte, fuentes sindicales desmintieron que la compañía esté generando empleo genuino en la provincia, asegurando que toda la operatoria en tierra se sostiene mediante personal tercerizado sin encuadramiento ni representación gremial, lo que a criterio del sindicato compromete tanto los derechos laborales como los estándares de seguridad operacional.
Finalmente, Airali reveló que el gremio presentó formalmente un pedido de acceso a la información pública ante las autoridades provinciales para corroborar si existe un convenio financiero detrás de la ruta aérea. "A cualquier provincia que le lleven un vuelo lo va a aceptar para aumentar la conectividad y eso está muy bien, pero hay que ver a qué costo. Tenemos entendido que si la empresa no vende el 76 por ciento de los pasajes, la diferencia la subsidia la Provincia con la plata de los jujeños, y poner fondos públicos en personajes con estos antecedentes resulta muy riesgoso", advirtió, anticipando que las volanteadas continuarán replicándose en otras terminales del país.