La abogada defensora Silvana Llanes detalló el alcance de la presentación formal dirigida al gobernador Carlos Sadir, aprobada por las bases comunitarias durante la Asamblea General concretada en octubre.
Denuncias por recursos asignados e inacción ministerial
La letrada denunció que existen recursos jerárquicos elevados en el mes de julio ante el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, los cuales continúan sin respuesta formal pese a haber cumplido con la totalidad de los requisitos normativos.
"Es una vergüenza que el Gobierno haga oídos sordos. Presentamos los recursos y no dan respuesta. Paralelamente hay denuncias penales en el Fuero Federal donde se investiga la actuación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia, porque había fondos presupuestados para terminar las mensuras y relevamientos territoriales y queremos saber dónde están esos recursos", aseveró la letrada.
En ese sentido, cuestionó la labor institucional del área y acusó a ex funcionarias de la cartera de Derechos Humanos de "dedicarse a desmembrar a las comunidades originarias en lugar de garantizar la aplicación de la ley".
"A nuestros territorios no van a pasar": ultimátum a funcionarios y mineras
El punto central del documento ingresado por mesa de entradas en la Gobernación radica en la prohibición explícita de ingreso a tierras ancestrales para cualquier organismo del Estado provincial o emprendimiento privado que no haya cumplido con los estándares internacionales.
"Conforme a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales, las comunidades no van a permitir el ingreso de ningún funcionario de la Secretaría de Pueblos Indígenas, de la Fiscalía de Estado ni de empresas extractivistas. Le dicen al gobernador Sadir que a nuestros territorios no van a pasar sin el consentimiento libre, previo e informado", remarcó Llanes.
La abogada ejemplificó el malestar recordando el caso de Caspalá: "No van a permitir que se haga lo que se hizo en Caspalá, usando canchas ancestrales para aterrizar e ignorando mandas judiciales. Además, los informes de impacto ambiental son un 'copiado y pegado' sin control; ayer nos enteramos de un pedimento minero donde la propia empresa admite que va a contaminar", agregó.
Acciones legales internacionales
Finalmente, la abogada advirtió que, en caso de que las fuerzas de seguridad, funcionarios de ministerios o particulares con aval estatal intenten circular o intervenir en los territorios sin la autorización comunitaria correspondiente, se iniciarán demandas penales, civiles y denuncias ante organismos internacionales de Derechos Humanos.
El pronunciamiento de las comunidades
