El reclamo cobró visibilidad durante la mañana de este miércoles, en momentos en que el cuerpo legislativo mantenía su reunión ordinaria. Según denunciaron los manifestantes, desde la secretaría dependiente del Ejecutivo se remitió un listado que restringe el acceso únicamente a las entidades con personería jurídica, excluyendo a los referentes de asentamientos ancestrales que se encuentran en trámite.
Injerencia burocrática y reclamo constitucional
Al respecto, el presidente de la comunidad de Rodero, David González, encabezó la presentación y cuestionó el accionar del cuerpo parlamentario al acatar directivas que vulneran el derecho de audiencia de los ciudadanos.
"La comisión fue creada para responder sobre el respeto a la identidad, las demandas territoriales y la prevención ante la discriminación. Nos exigen carpetas y requisitos burocráticos cuando ellos mismos se manejan notificando por mensajes de texto. Nos están separando entre quienes tienen papeles y quienes no", expresó el referente técnico territorial.
En ese sentido, desde el sector recalcaron que la Constitución garantiza que cualquier ciudadano o referente comunitario debe ser recibido por los legisladores para exponer sus necesidades, sin que la falta de un trámite administrativo impida la consulta previa e intercultural.
Brecha en la titulación de tierras
Durante la manifestación, se expusieron cifras oficiales sobre la situación de los pueblos originarios en suelo jujeño. De acuerdo a los registros expuestos por las comunidades, sobre un total de 350 comunidades registradas en la provincia, solo 180 cuentan con el relevamiento técnico terminado y apenas 70 poseen el título de propiedad comunitario firmado.
"Estos números demuestran la morosidad del propio Estado. Hay un retraso histórico en la entrega de títulos y ahora utilizan esa misma falta de papeles para dejarnos afuera y no escucharnos en el recinto", concluyó González.
Foto: presidente de la comunidad de Rodero, David González.
Caspalá: Denuncian expulsión arbitraria de integrantes comunitarios y persecución institucional
Presente en el reclamo, Lidia Balcarce, referente de la comunidad indígena de Caspalá, denunció haber sido expulsada de manera arbitraria junto a otros vecinos por la actual conducción comunitaria. Señaló que la medida responde a represalias por los reclamos territoriales, causas judiciales pendientes y el rechazo a intereses extractivistas.
Calificó la medida como un acto de "discriminación terrible" y un avasallamiento flagrante a los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales.
"Nos están todo el tiempo hostigando, quizás porque nos quieren callar por la causa que ya venimos [...] Lo más grave es que pusieron a analizar a hermano por hermano de cada comunidad, violentando hasta nuestros estatutos. No vamos a dar un paso atrás porque se nota bien clarito que esta señora fue impuesta por el gobierno" , enfatizó Balcarce.
