Este último ha sido el caso de Caspalá, donde la ambición política lleva meses destrozando la paz de Valle Grande a pura maquinaria e intimidación, valiéndose de una propuesta inmobiliaria sin pies ni cabeza. Si la situación ha cobrado tal relevancia mediática es porque todo derecho ha sido vulnerado sin tapujo por obra y gracia de funcionarios que cómodos desde sus despachos autorizan uso excesivo de la fuerza, atentado contra el patrimonio cultural-arqueológico, alterar el orden público, entre otros.
Caspalá : residentes se movilizan a San Salvador para protestar contra el gobierno
Durante dos días de caminata el pueblo Kolla de Caspalá recorrió Santa Ana, Valle Colorado, Valle Grande, Pampichuela, San Francisco, Libertador y demás localidades hasta llegar a la ciudad. Enhorabuena poder ver algún político igual de comprometido para hacer el viaje a la inversa, haciendo Estado en territorio como tantas veces se publicita ¿Acaso existen ciudadanos de 1ra y 2da categoría? Tal sesgo clasista ha llevado al gobierno de Gerardo Morales, aún contando con un Ministerio exclusivamente destinado a la defensa de los pueblos indígenas a vulnerar en repetidas ocasiones la siguiente legislación y originando los conflictos descriptos debajo.
El gobierno queda preso de sus propios intereses, en el borrador para reformar parcialmente la Constitución provincial se deja expresa intención para: dar jerarquía constitucional a los tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos y derechos de los niños niñas y adolescentes // Receptar la nueva redacción de la CN con relación a pueblos indígenas.
Caminata por el agua y la vida - Qhapac Ñan (todos los años en octubre)
En la última edición, integrantes de las comunidades indígenas de La Quiaca Vieja, Rodero, Chaupiuno, Azul Pampa y Querusiyal partieron de la ciudad fronteriza el 04/10/12. Tras 8 días de caminata, casi 300 kilómetros a pie, llegaron a Casa de Gobierno para manifestarse en contra de la expansión de empresas mineras en la Puna jujeña.
La iniciativa fue adoptada por primera vez en 2017, luego de que la preocupación por la sequía y contaminación resultante de la explotación minera en la cuenca puneña de Pozuelos se instalara como tema de extrema preocupación. Aunque este daño comprobado al Monumento Natural que aloja miles de aves regionales (Laguna de Pozuelos) venía siendo alertado por los productores locales dese mucho tiempo antes.
Caminata en defensa de la tierra (diciembre 2019)
La intención gubernamental de avanzar sobre 1.200 hectáreas con el fin de instalar la Zona Franca minorista en la ciudad fronteriza, motivó a los integrantes de la comunidad Kolla de La Quica Vieja a movilizarse en repetidas ocasiones a la capital. Entendiendo que no fueron debidamente consultados como exige el Convenio 169 de la OIT.
Pobladores describieron ante los medios, el encuentro con emisarios del gobierno quienes emplearon estrategias de seducción, advertencias y presiones para que optaran por retirarse de la zona, de consensos nada. Ante la duda sobre un posible negocio inmobiliario, en noviembre un grupo reducido pero de ánimos caldeados encaró al diputado Alberto Bernis y al presidente del Ente de Administración de Zonas Francas, Martín Luque en el hall de la Legislatura recibiendo una serie de evasivas sobre las intenciones del gobierno para con el lugar en disputa.
El 16/12 descendieron nuevamente hasta San Salvador con la premisa “Caminata en defensa de la tierra”, ratificando que no rechazan la instalación de la Zona Franca, si no un dialogo consensuado donde se respete su posesión histórica. Luego de tres años las pretensiones del gobierno jujeño se redujeron a 100 hectáreas por razones desconocidas. El presidente de la comunidad Carlos Giménez reconoció “un cambio de actitud del oficialismo”, existe la posibilidad de un entendimiento que favorezca con empleo a los pobladores en el mediano plazo.
Polémica por la cantidad de hectáreas expropiadas para la Zona Franca de La Quiaca
Acampe en Súsques y manifestación en Casa de Gobierno contra las mineras (abril 2022)
En el boletín oficial Nº 125 publicado el 03/11/21 puede leerse la concesión de 3.000 hectáreas a favor de la empresa Minerales Australes S.A. otorgada por la ex jueza Administrativa de Minas Hebe Del Carmen Meyer (fue removida de su cargo en 2022 luego de varias denuncias por violencia laboral). En tal disposición se afirma que los terrenos atraviesan propiedad de las “Comunidades Aborígenes de San Juan de Quillaques, de El Toro y Coranzulí… no afectando derecho de solicitantes de terrenos fiscales rurales en la zona”.
Hacia marzo del año pasado, sin previo aviso la minera dedicada a la extracción de litio hizo acto de presencia con vehículos y maquinaria en el Paraje Tanques a unos 40 kilómetros de Súsques. Muy a su pesar los terrenos de la familia Quispe fueron ocupados, pero la traza también se entrometió en territorio de la comunidad Collamboy, cuyo miedo ante el posible uso y contaminación del agua local motivó una denuncia penal, entendiendo que no se habían respetado las leyes nacionales y convenios internacionales que exigen consulta previa.
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Acampe pacífico cerca de la base de Minerales Australes en Súsques (Página 12).
La protesta pacífica inició con un acampe en el preciso lugar donde Minerales Australes S.A. sentó base, mientras la abogada Claudia Pérez movilizaba por vías administrativas y legales el reclamo. Por ese entonces se pudo saber que la empresa había traspasado los límites al contar con “un croquis del territorio indígena mal delimitado, lo que le permitiría tener que buscar el consentimiento de una sola comunidad, la del Toro” (Página 12).
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Comunidad Collamboy descendió hasta San Salvador para manifestarse (La Izquierda Diario).
Un par de semanas más tarde los comuneros recorrerían más de 200 kilómetros hasta llegar a la capital jujeña con Silveira Quispe presidenta de la comunidad Collamboy a la cabeza, junto al apoyo de varias organizaciones sociales, políticas y defensoras de los derechos indígenas.
Comunidad Tilquiza reclama ante el MPA (octubre 2022)
El conflicto entre un empresario local y el pueblo Ocloya por la obstaculización del camino “Tilo y la Mecha”, derivó en la detención de 9 personas, entre ellas el cacique Néstor Jérez a finales de septiembre. Un par de meses antes Daniel Verzini colocó una tranquera cortando el único acceso disponible.
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La situación movilizó incluso al Inadi nacional pidiendo la inmediata liberación tanto del paso en disputa como de las personas, entendiendo que “la superficie reclamada, de más de tres mil hectáreas, se encuentre en este sentido reconocido en la carpeta técnica extendida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.
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Camino al pueblo Ocloya obstruido por una tranquera (Argentina.gob.ar)
Un par de días más tarde los involucrados debieron acudir al Ministerio Público de la Acusación para conocer causa de imputación (usurpación y entorpecimiento de la circulación), lo hicieron junto con amigos, familiares y apoyo político del Frente de Izquierda. También se manifestaron frente a la Legislatura de la provincia.
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Comunidad Tilquiza manifestándose en las puertas del MPA (La Izquierda Diario).
En el ínterin la jueza Ana María del Huerto falla a favor de la comunidad quienes habían denunciado a Verzini oportunamente, ordenando la liberación del paso, aunque este dictamen a la postre sería ignorado por el fiscal Alejandro Maldonado quien terminó por imputarlos.
