Entre el operativo represivo protagonizado por infantería y sufrido por los vecinos todavía no transcurrieron treinta días siquiera (30/11/22), pero ese lapso ha sido suficiente para que decenas de acontecimientos de gravedad institucional ocurran tanto a 4.000 MSN como en los alrededores de la Legislatura provincial. Todo motivado por el forzado avance sobre el único espacio recreativo del que dispone actualmente la comunidad, aunque el entramado resultó más antiguo y complejo de lo que a priori mostraron las imágenes del enfrentamiento.
Caspalá: "El gobierno pretende apropiarse del 100% del pueblo"
El abogado Alberto Nallar visitó Sobremesa, actualizando lo ocurrido en la recóndita localidad de Valle Grande tras las maniobras oficiales para expropiar los terrenos de un productor local. Simultáneamente organismos nacionales se constituyen como defensores de la comunidad Coya de Caspalá, cuyos derechos habrían sido vulnerados por el avance inmobiliario.
Golpes, gases lacrimógenos y detenidos que luego serían liberados al constatar que no hubo delito alguno; una vocal destituida tras no avalar el atropello; un comisionado alineado con el poder de turno; la expropiación de los terrenos de un humilde productor, una crónica sucinta que el abogado del fuero doméstico Alberto Nallar describió en su última participación en Sobremesa, porque un programa de media hora no podría abarcar tamaña controversia.
Plano en mano Nallar ratificó la teoría de un gobierno avasallante que puso en movimiento un complejo mecanismo para “apropiarse del 100% de la planta urbana al considerar que todo Caspalá es terreno fiscal, inscribiéndolo en la Dirección General de Inmuebles, es decir ante si mismo”. La maniobra tendría al secretario de Ordenamiento Territorial Humberto García como principal ejecutante, iniciando en 2019 una tarea de supuesta regularización de lotes que continúa hasta hoy, pero que según el abogado terminaría siendo una renuncia encubierta de sus derechos sobre la propiedad.
“Bajo esa mentira les hizo firmar 4 formularios donde las personas reconocen a los pobladores que no son propietarios de ningún inmueble. Por lo tanto reconocen a la provincia como propietaria. Van a adjudicar a los que reúnan los requisitos para ser adjudicatarios de un inmueble fiscal, los mismos que a las viviendas de FONAVI, marginando a muchas personas que por ejemplo no tienen familia. Y en ese caso deberá pagarle al Estado”.
La gravedad del caso escala más teniendo en cuenta el origen de los pobladores, en su mayoría descendientes de comunidades originarias, reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) e identificados con el número 38189 Comunidad Aborigen Pueblo Kolla de Caspalá. Por consiguiente bajo el amparo de la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT “cualquier acción por parte del Estado que vaya a afectar a la comunidad debe ser previamente consultada con los organismos representantes”.
Curiosamente la flamante ministra de Derechos Humanos Natalia Sarapura quien ofició anteriormente como secretaria de Asuntos Indígenas no tomó intervención en el asunto. Tampoco recibió a Nallar cuando fue consultada. Esto motivo el pedido de intervención para el propio INAI quienes ya se interiorizaron, junto con la Secretaria de DDHH de la Nación y Defensoría del Pueblo.
No obstante la operación del gobierno, como fue expresado en las primeras líneas, no terminó únicamente con el avance sobre la cancha - plan para construir una escuela. Con el fin de minimizar la mala prensa, amigarse con los manifestantes, Gerardo Morales procedió a instruir a sus diputados en la aprobación de una expropiación sobre un terreno superior a las 3,5 ha. donde se levantaría un nuevo predio deportivo.
“El día 30/11 la Legislatura provincial se sometió a los designios del gobernador y dictó una Ley de expropiación de un inmueble en Caspalá, perteneciente a un productor, único sustento económico, donde reside con sus 7 hijos. Pero todo forma parte de una mentira porque existen antecedentes con el decreto N° 89 del año 2015 donde la Comisión Municipal de Caspalá donaba un terreno a favor de la Escuela Secundaria Rural N° II, por consiguiente había un lugar designado”, agregó Nallar.