La salida del hijo del exgobernador se produjo sin conferencia de prensa, sin balances publicados y sin un informe de gestión real, un hecho llamativo tratándose de una sociedad del Estado. La empresa apenas difundió un escueto comunicado en su página oficial, en el que informó que “tras siete años de gestión ininterrumpida, Gastón Morales concluye su ciclo al frente de la compañía”, sin precisar motivos ni detallar quiénes asumirán el control.
La salida de Gastón Morales reavivó el misterio de Cannava y la plata que nunca se rindió
La renuncia silenciosa de Gastón Morales a la presidencia de Cannava S.E. y su posterior gira mediática obligado por las críticas, reavivó cuestionamientos sobre la falta de transparencia, el manejo de fondos públicos y la persistencia de un “poder en las sombras” vinculado al exgobernador Gerardo Morales. Así lo planteó la abogada y exlegisladora Cristina Guzmán, quien advirtió que el caso Cannava se inscribe en un deterioro más amplio de las instituciones provinciales.
La falta de información se suma a otro hecho controvertido: un decreto fechado el 16 de diciembre de 2024, pero publicado recién diez meses después, mediante el cual el Gobierno provincial otorgó 2.610 millones de pesos como “aporte irrevocable de capital” a la empresa. “Es plata que no vuelve. Se limpia la empresa con fondos públicos justo antes de la salida de su presidente”, cuestionó Guzmán durante una entrevista que brindó a Sobremesa.
Para la exlegisladora, Cristina Guzmán, Cannava “funcionó siempre en la oscuridad”. Señaló que la empresa nunca publicó la nómina de autoridades, balances, auditorías ni rendiciones de cuentas: “En cualquier sociedad del Estado es obligatorio informar quién dirige, quién audita y cómo se manejan los fondos. En Cannava no se informó nada”.
Guzmán también vinculó la situación de Cannava con los cambios institucionales posteriores a la reforma constitucional impulsada por Morales en 2023. Aseguró que esa reforma “debilitó los mecanismos de control”, al dejar sin poder jurisdiccional a organismos como la Auditoría y al concentrar recursos en una cuenta única. “Fue un diseño para operar con menos controles y más discrecionalidad”, afirmó.
La polémica en torno a Cannava ocurre en paralelo a tensiones políticas en el municipio de Perico, donde el intendente y sectores vinculados a Morales habrían impulsado la posibilidad de intervenir el Concejo Deliberante. El objetivo sería desplazar a dos concejales involucrados en una causa de coimas y reemplazarlos por suplentes afines, de cara a una posible pérdida de hegemonía política en diciembre.
Guzmán amplió esa crítica al indicar que la intervención del exgobernador en decisiones actuales evidencia “un poder que opera por encima de las estructuras formales del Estado”. Según dijo, el riesgo es consolidar “una democracia tutelada, de corte feudal, donde la lealtad política vale más que la transparencia y la probidad”.
En cuanto a la actividad productiva de Cannava, la exlegisladora cuestionó que la empresa no haya cumplido con las promesas oficiales de provisión de cannabis medicinal a farmacias, acceso gratuito para pacientes jujeños o generación de ingresos comprobables. Recordó además que la provincia invirtió montos millonarios, incluidos laboratorios, infraestructura y seguridad permanente, “sin que hoy exista un balance público que permita saber qué se hizo con cada peso”.
La abogada también criticó el impacto simbólico de haber convertido a Jujuy en “una provincia marihuanera”, según sus palabras, y recordó que incluso se llegó a incentivar a productores tradicionales del tabaco para que migraran hacia el cultivo de cannabis. “Nuestros productores hacen enormes sacrificios. No quieren producir marihuana. Y la empresa que debía mostrar resultados no mostró nada”, sostuvo.