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Inversiones: el fracaso de “la mejor ley del país"

La ley de promoción de inversiones rige desde hace más de dos años y creó un fondo de 60 millones de pesos para beneficiar a empresas que inviertan en Jujuy, pero sólo 7 están adheridas y no hay información sobre la aplicación de los fondos. El ministro Robles había asegurado que se trataba de “la mejor ley del país”.

El 3 de julio de 2018, el ministro de Desarrollo Económico, Juan Carlos Abud Robles, aseguró, con vehemencia, que la ley de promoción de inversiones era “la mejor ley del país”. 

Lo dijo para defender su gestión, mientras se esquivaba denuncias de la oposición, que lo acusaba de cobrar dos sueldos, uno como funcionario y otro como director de YPF. 

Tres meses después, el ministro fue mucho más cauto, a la hora de hablar de los resultados de aquella ley. 

“Hay que tener mucho cuidado en la aplicación de la ley, porque devuelve el 30% en bonos fiscales y tenemos antecedentes de lo que pasó con los bonos fiscales durante las gestiones anteriores y se genera un mercado negro que nosotros no queremos que pase”, respondió el funcionario ante la consulta de Jujuy al momento. 

Esa respuesta tuvo un tono de justificación ante el bajo nivel de adhesión de los empresarios locales a la norma. Según el propio Robles sólo 7 empresas están adheridas, aunque no pudo aportar más precisiones. Tampoco qué beneficios recibieron por parte del estado, si es que recibieron alguno. 

“No los recuerdo, pero te los puedo pasar después”, dijo para salir del brete el funcionario. 

En cuánto a información puntual - siempre en el aire de las declaraciones y nunca explicitada con datos en sitios oficiales – el ministro amplió que fueron 92 las empresas que solicitaron acogerse a los beneficios de la ley y que hay 9 más que los van a recibir “pronto”. 

Las imprecisiones de Robles abren además interrogantes sobre el destino del enorme fondo que se creó a partir de dicha ley. 

En el artículo 12, la norma ordena al gobierno crear, sólo para el ejercicio 2016, un fondo de 60 millones de pesos, destinados a promover inversiones. 

Ese dinero, en teoría, debía servir para devolverles el 30% de las inversiones realizadas a los empresarios locales. Esa retribución podía ser en dinero o a través de créditos fiscales. 

Además se ofrece reducir en un 50% las cargas patronales, y devolver el 80% de lo que una empresa paga en concepto de impuesto a las ganancias, siempre que ese dinero se destine a nuevas inversiones. 

Nada de eso se conoce hasta hoy. 

El ministro Robles insinuó además que los empresarios tienen dificultades para cumplir con los requisitos que exige la ley. 

“Ya es una cuestión de los empresarios, tenemos que ser muy exigentes con toda la reglamentación y los requisitos que se tienen que cumplir porque se trata de fondos públicos y los tenemos que cuidar”, afirmó.

En la misma línea, meses antes el secretario de estado, Diego Suárez, había responsabilizado a los contadores de las empresas por no informar a los empresarios de los beneficios que ofrece la ley. 

Lo cierto es que “la mejor ley del país” navega en la intrascendencia. El destino de los 60 millones de pesos que se crearon para costearla en 2016 se desconoce. No se sabe qué cantidad de recursos se volcó para el mismo fin en 2017. Tampoco en 2018. 

El episodio de la ley de promoción de inversiones muestra con contundencia dos características de este gobierno. 

Por un lado, realiza grandes anuncios que después no se cumplen. 

Por otro, dice ser transparente, un gobierno abierto, pero en los hechos el ocultamiento de la información es evidente y se convierte en una fuente de sospechas sobre la forma en que se utilizan los recursos públicos. 

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