Martín Luque, presidente del ente administrador de zonas francas, detalló que, “Por orden del gobernador fui reiteradas oportunidades a explicar el proyecto, la ubicación de la zona franca surge de una conversación con ellos y de determinar dónde está el pastoreo, el sembradío, donde están las casas. Hay actas de esto”, sostuvo.
Según la información que brindó a JujuyalMomento se trata de una comunidad que tiene 70 familias y que no todas están llevando adelante el reclamo. Por otro lado expresó que los dueños de las tierras que se expropiaron “eran privados, no comunitarios”.
“No podemos expropiar tierras comunitarias porque la ley lo prohíbe. No eran más de 17 dueños, eran padrones con grandes superficies”.
Pese a estos dichos los comuneros aluden a que esas tierras forman parte de un relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconoce los terrenos como un patrimonio ancestral que les pertenece.
Uno de los ejes del conflicto está puesto en las dimensiones que demandará la instalación de la zona franca porque se trata de más de mil hectáreas.
Al respecto Luque explicó que “La zona franca va a ser una superficie en su primera etapa de 30 hectáreas. Parte de las 1200 son tierras con topografía difícil, no tienen una utilidad real”.
“El resto de las tierras están dispuestas por el estado para ser ofrecidas a emprendimientos productivos que vayan a brindar servicios complementarios a la zona franca”, agregó.
En cuanto a la tasación de los terrenos Luque detalló que lo que se pagó el 10% del valor fiscal de la tierra “porque así exige la ley para poder pasar al estado”.
“A la persona se le anticipa el 10% (2000$) pero después esa persona se presenta en el juzgado y dice que su tierra vale más entonces el juez hace una tasación y exige al estado que se pague el valor justo. Es un procedimiento que se hace siempre en cualquier expropiación”.
En el día de ayer los pobladores de La Quiaca Vieja bajaron hasta capital para hacer público una vez más su reclamo. Continúan sosteniendo que hay cuestiones irregulares en el proyecto y que temen el desalojo.