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Una protesta de comunidades hace tambalear un proyecto clave para Morales

Mientras los diputados ratificaban la autorización para vender autos y motos a bajo costo en la zona franca de La Quiaca, integrantes de una comunidad se presentaron en la puerta de la Legislatura con planos denunciando la usurpación de sus terrenos. El gobierno quedó entrampado en su falta de transparencia: nunca mostró los documentos de las consultas que exige la ley.

  • La legislatura concretó una sesión especial en la que aprobó una adenda para la ley que regula el proyecto de zona franca: se autoriza la venta de autos y motos.
  • El debate se vio atravesado por la protesta de comunidades de La Quiaca Vieja, que aseguran tener posesión ancestral de los predios en donde se dispone el proyecto.
  • El gobierno asegura haber realizado las consultas con la comunidad, pero quedó entrampado: nunca brindó información respecto de los avances del proyecto.

El gobierno avanza con la arquitectura legal que le permitirá instalar una zona franca en La Quiaca y en Perico, sitio contemplado en el código aduanero en el que se exceptúa el pago de impuestos.

En consecuencia, es posible adquirir productos a bajo costo.

Este jueves, la legislatura realizó una sesión especial en la que el oficialismo se preocupó con celo de que el único tema fuera la zona franca, evitando que se aluda a la derrota en las elecciones del 27 de octubre.

El único proyecto impulsaba una adenda en la ley de creación de la zona franca, que permite la venta de automóviles y motocicletas, que se suma a una larga lista de productos podrán ser comercializados en el futuro a precios excepcionales.

Los plazos puestos por el propio gobernador hablan de un año como meta para finalización del proyecto.

Un paso clave habla de la construcción de las obras para el funcionamiento del gran centro comercial donde funcionará la zona franca.

En La Quiaca, se dispuso la expropiación de terrenos para que una UTE conformada por tres empresas realice la construcción, explotación y administración del proyecto. Está integrada por tres empresas: la estatal JEMSE y las privadas Telinfor y JUMI.

Sin embargo, integrantes de la comunidad de La Quiaca Vieja, llegaron a San Salvador de Jujuy para expresar su malestar por lo que consideran la usurpación de sus terrenos.

Aseguran que las tierras en las que el gobierno proyecta la construcción de la zona franca forman parte de un relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconoce los terrenos como un patrimonio ancestral que les pertenece.

Este tipo de tierras está protegido por la constitución nacional y por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El oficialismo se defendió asegurando que la ubicación de los terrenos apuntados fue objeto de consultas realizadas entre 2018 y 2019.

Fue lo que esgrimió el presidente de bloque de Cambia Jujuy, Alberto Bernis. Sin embargo, fue tildado de mentiroso por los comuneros presentes en el recinto.

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