La concejal Marcela López advirtió que el proyecto inicial de 50 hectáreas prevé una extensión de hasta 1.200 hectáreas en zona fronteriza, sin la debida información pública. Reveló denuncias de familias despojadas de sus tierras en La Quiaca Vieja por sumas inferiores a $90.000 y denunció la constante negativa del bloque oficialista a dar curso a pedidos de informe.
La instalación de la Zona Franca en La Quiaca volvió a situarse en el centro de la controversia política e institucional.
En un duro diagnóstico, la concejal Marcela López expuso la absoluta falta de transparencia que rodea al convenio firmado entre el gobernador Carlos Sadir y las autoridades municipales, señalando la inacción del Concejo Deliberante para fiscalizar el uso del suelo, el impacto ambiental y las cláusulas laborales en un área estratégica de frontera.
"Hice un pedido de informe solicitando al Intendente que detalle la situación de las tierras, el impacto ambiental y las garantías de trabajo local. Lamentablemente, el oficialismo que responde al intendente se negó a aprobarlo, utilizando su mayoría para archivar el debate y ocultar la información a la población", fustigó al dialogar con Radio 2.
Uno de los puntos más alarmantes señalados por la edil radica en la escala real del predio reservado para el enclave comercial e industrial. Si bien los anuncios públicos referían a un terreno inicial de 50 hectáreas, las cláusulas del acuerdo estipulan una posible ampliación de hasta 1.200 hectáreas en las inmediaciones de La Quiaca Vieja, a metros del límite con Bolivia.
“Una propietaria de La Quiaca Vieja se comunicó conmocionada con mi persona para denunciar que han sufrido la expropiación de sus tierras y que el monto que les estaban pagando no superaba los $90.000. Queremos saber de quién son esas tierras, quién va a manejar semejante extensión en zona limítrofe y cuáles son las multas por incumplimiento de obras anunciadas desde 2019”, alertó López.
Ante el blindaje municipal, confirmó que evalúa viajar a la capital provincial para articular con diputados de la oposición en la Legislatura de Jujuy, exigiendo que se inste al Poder Ejecutivo a publicar la letra chica del contrato de concesión celebrado con la firma adjudicataria.
López abordó también las tensiones comerciales en la frontera tras las recientes resoluciones emitidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La edil desmintió los comunicados oficiales del municipio local que se adjudicaban la suspensión temporal de las restricciones comerciales:
"Acá lo que se reclama es claridad y responsabilidad institucional. No se trata de oponerse por oponerse, sino de defender el patrimonio de los quiaqueños, asegurar que el desarrollo quede para la comunidad local y evitar que las tierras de frontera terminen en manos ajenas sin dejar ningún beneficio a la ciudad", concluyó la legisladora comunal.
