Pese a la trascendencia mediática de la firma de convenios, desde el Concejo Deliberante de la ciudad puneña advirtieron que no existe documentación oficial ni expedientes ingresados al cuerpo legislativo para su análisis.
En diálogo con Radio 2, la concejal Marcela López expuso la preocupación de los ediles y de los vecinos ante la falta de certezas institucionales: "Los quiaqueños durante décadas, varias décadas ya llevamos con este anuncio que siempre lo hacen pero que realmente no se concretan. De hecho, les comento, el día de hoy me apersoné acá a Secretaría y la respuesta fue que nosotros no tenemos ninguna información. O sea que esto nosotros, o por lo menos la mayoría de los concejales, o por lo menos de la oposición, lo vemos por la tele únicamente."
Pedido de informes y puntos críticos del convenio
Ante este escenario, el bloque opositor adelantó la presentación formal de un pedido de informes dirigido al intendente municipal para que detalle los alcances técnicos, legales y económicos del entendimiento.
Entre los puntos centrales que se exigirán se encuentran:
- Copia fiel del convenio y del acta acuerdo suscripta entre la Provincia y la firma inversora.
- Planos catastrales de las parcelas afectadas, especificando su titularidad (si son de dominio municipal o provincial) y el estado de las tierras en zonas de frontera.
- Información sobre las expropiaciones previas y la situación actual con las comunidades originarias poseedoras de los territorios involucrados.
- Detalle de las obligaciones asumidas por el municipio en materia de infraestructura básica, tales como provisión de agua, energía eléctrica, apertura de calles, cloacas y alumbrado público.
- Estimación de costos, cánones, tasas y la contraprestación económica real que percibirá la comuna por el uso del suelo.
- Existencia y estado de los estudios de impacto ambiental.
Asimismo, la edil remarcó que se impulsará un proyecto de ordenanza para convocar a una asamblea o audiencia pública en La Quiaca, con el objetivo de transparentar la información ante la comunidad y evitar que el proyecto se convierta en una medida meramente nominal sin beneficios concretos para los habitantes: "Nosotros, como zona de frontera, vamos a defender lo que es nuestro suelo, vamos a defender lo que es nuestra identidad, vamos a defender como corresponde. Si esto realmente viene para mejorar la calidad de vida del quiaqueño y del jujeño, bienvenido sea. Pero si no lo es así, también no podemos permitirlo."
Dudas sobre la infraestructura y antecedentes locales
Los cuestionamientos también apuntan a las condiciones actuales de la infraestructura urbana de La Quiaca. Los concejales señalaron que la ciudad atraviesa deficiencias históricas en servicios esenciales como la pavimentación, el suministro de agua y conectividad, por lo que consideran indispensable clarificar de qué manera se sostendrán las exigencias operativas de una zona franca de gran magnitud.
Desde la oposición insistieron en que el debate no busca frenar iniciativas de desarrollo productivo, sino exigir previsibilidad jurídica, resguardo de la soberanía territorial y participación ciudadana frente a anuncios que se reiteran históricamente en periodos de definiciones políticas.
