La escena fue tan inesperada como reveladora, porque un vocero no está para enterarse de los temas al mismo tiempo que la opinión pública; está para explicarlos, contextualizarlos y responder por ellos. Cuando quien tiene la responsabilidad de comunicar las acciones del Ejecutivo reconoce no saber qué sucede dentro de la administración que representa, lo que queda expuesto no es solamente un déficit de información: queda al desnudo un preocupante nivel de improvisación.
¿Vocero del gobierno o fiscal Anticorrupción?
Después del minucioso informe presentado por la Dra. Cristina Guzmán sobre los números y el funcionamiento de CANNAVA en Jujuy, apareció otro episodio que vuelve a colocar a la empresa estatal en el centro del debate público: la denuncia sobre nuevas plantaciones de cannabis en la finca El Remate. Pero más llamativa que la denuncia en sí fue la reacción del vocero gubernamental, quien, ante la pregunta de una periodista, admitió desconocer la situación y terminó sugiriendo que el propio Gobierno investigue lo ocurrido.
La improvisación puede ser tolerable en una conversación informal, pero resulta inadmisible cuando se administra el Estado. Y mucho más aún cuando se trata de asuntos vinculados con empresas públicas, recursos estatales, autorizaciones administrativas y actividades que generan interés y controversia social. Un gobierno que parece sorprenderse por temas que deberían estar perfectamente documentados transmite una sensación inquietante: la de una estructura que reacciona sobre la marcha, que corre detrás de los acontecimientos y que responde únicamente cuando una pregunta incómoda la obliga a hacerlo. No se trata de un simple traspié comunicacional; se trata de una falla política y de gestión.
La frase repetida del vocero —“te prometo la información para la semana que viene”— termina siendo, en ese contexto, mucho más que una muletilla. Es casi una definición de método: primero se improvisa, después se busca la información y finalmente se intenta construir una respuesta. Pero el orden debería ser exactamente el inverso. En un gobierno serio, la información existe antes de la pregunta, los funcionarios conocen los temas antes de que estallen públicamente y el vocero dispone de respuestas antes de sentarse frente a los periodistas. Lo contrario transmite desorganización, falta de coordinación y una preocupante ausencia de previsión.
Y hay algo todavía más delicado: cuando un vocero responde desde el desconocimiento, no solo compromete su propia credibilidad, sino que compromete la del gobierno entero. Si quien debe informar admite no saber, la ciudadanía inevitablemente se pregunta quién sabe. Si ante asuntos sensibles las respuestas se postergan sistemáticamente, las dudas crecen y la confianza se deteriora.
La comunicación oficial no puede convertirse en un ejercicio permanente de ganar tiempo, de patear explicaciones hacia adelante o de esperar que la polémica se diluya. Gobernar exige administrar, pero también exige rendir cuentas con claridad, precisión y rapidez.
Lo ocurrido deja la impresión de un gobierno que, frente a una pregunta incómoda, quedó sin reflejos, sin información y sin una línea clara de respuesta. Esa imagen es quizás más preocupante que la propia polémica, porque un Estado no puede improvisar sobre la marcha asuntos que forman parte de su propia administración.
Un vocero debe ser la expresión de un gobierno que sabe lo que hace y puede explicarlo. Cuando ocurre lo contrario, cuando el desconocimiento reemplaza a las respuestas y las promesas sustituyen a la información, lo que se pone en discusión ya no es solamente un tema puntual: es la capacidad misma del gobierno para conducir, controlar y comunicar sus propias decisiones.
La improvisación en un gobierno no es un simple problema de comunicación; cuando se convierte en una forma habitual de actuar, termina afectando la calidad de la gestión, la toma de decisiones, los controles y, fundamentalmente, la confianza de la sociedad. Una cosa es que un funcionario cometa un error después de haber planificado una decisión, y otra muy distinta es que desconozca lo que ocurre dentro de la propia administración y recién busque las respuestas cuando un periodista formula una pregunta incómoda.
Un gobierno serio necesita información para funcionar. Necesita saber qué hacen sus organismos, qué decisiones se toman, quién autoriza, quién controla y qué resultados se obtienen. Si esa información no llega a tiempo a los funcionarios responsables, el problema ya no es solamente comunicacional: es un problema de gestión, porque sin información no hay planificación, sin planificación no hay previsión, y sin previsión el Estado termina reaccionando cuando los problemas ya estallaron.
Eso es lo que resulta preocupante cuando un vocero del gobierno dice desconocer una situación que involucra a la propia administración y, además, pide que se investigue. El funcionario puede no conocer cada detalle técnico, pero debe tener acceso a la información necesaria para explicar los asuntos relevantes. Si no la tiene, hay que preguntarse qué está fallando en la cadena interna de información y coordinación.
La improvisación hace que el gobierno pierda capacidad de anticipación: en lugar de prevenir, reacciona; en lugar de controlar, investiga después; en lugar de explicar, pide tiempo. Y cada vez que el Estado llega tarde a un problema, el costo puede ser mayor. Una irregularidad que no se detecta a tiempo puede crecer, una mala decisión puede generar otra, y una explicación que se demora puede convertir una duda en una crisis política.
Por eso, la frase “te prometo la información para la semana que viene” no puede convertirse en una respuesta habitual. Es razonable verificar un dato antes de informarlo, pero no es razonable que un gobierno parezca necesitar que la prensa pregunte para recién entonces buscar la información.
La información debe existir antes de la pregunta, el vocero debe recibirla antes de enfrentar el micrófono, y los funcionarios responsables deben conocer sus propios temas antes de que se conviertan en una controversia pública.
Los periodistas tienen la obligación de preguntar, investigar y hacer públicos los temas de interés social; no pueden convertirse en el sistema de alerta interno del gobierno. Si una pregunta periodística obliga a la administración a descubrir qué está pasando dentro de sus propias áreas, entonces hay un problema serio de control y de gestión.
Pero el mayor costo de la improvisación es la pérdida de confianza. La sociedad puede comprender un error, pero le cuesta mucho más confiar en un gobierno que parece no saber qué ocurre dentro de su propia estructura. La confianza se construye con información, coherencia, previsibilidad y responsabilidad. Cuando las respuestas se postergan, los datos no aparecen y los funcionarios se sorprenden ante preguntas que deberían haber previsto, esa confianza se deteriora.
Por eso, lo ocurrido con el vocero no debería quedar reducido a una anécdota. Hay que preguntarse qué revela sobre el funcionamiento del gobierno, porque gobernar no es correr detrás de los acontecimientos, sino anticiparlos; no es buscar las respuestas después de la pregunta, sino tenerlas antes; y definitivamente no es prometer información para “la semana que viene”.
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