Una plaza y dos pedidos de justicia

La justicia no puede convertirse en un instrumento para resolver una disputa política ni puede trabajar con una vara para los manifestantes y otra para quienes ejercían el poder y tenían bajo su responsabilidad el uso de la fuerza pública. Llevar a 19 personas a juicio no equivale a demostrar su culpabilidad.

El verdadero desafío comienza ahora: demostrar qué hizo cada uno, qué pruebas existen contra cada acusado y si esas pruebas resisten el debate público. No se puede transformar la participación en una protesta en una condena colectiva; la responsabilidad penal es individual. Justamente por eso, también resulta indispensable saber qué pruebas fueron incorporadas al expediente, cuáles fueron rechazadas y si las defensas tuvieron las mismas posibilidades que la acusación para demostrar su versión de los hechos.

Después de todo lo ocurrido en Jujuy, la sociedad merece mucho más que una sentencia: merece conocer la verdad. Y la verdad no puede ser propiedad del Gobierno, de la oposición, de los sindicatos, de las organizaciones sociales ni de la propia justicia. La verdad tiene que surgir de las pruebas. Si hubo violencia de parte de manifestantes, que se determine quiénes fueron responsables; si hubo violencia o abusos desde el Estado, que también se determine quiénes fueron responsables. Pero que nadie llegue al juicio con una condena escrita de antemano, porque cuando la justicia pierde su independencia, deja de ser justicia; y cuando una sociedad deja de confiar en ella, la democracia empieza a perder una de sus herramientas fundamentales.

El “Jujeñazo” merece un juicio con garantías, sin impunidad y sin revancha. No se trata de defender a unos contra otros; se trata de defender algo mucho más importante: que en Jujuy nadie esté por encima de la ley, pero que tampoco nadie quede debajo de ella.

Por otra parte, la causa Caspalá continúa avanzando en la justicia federal y se encamina hacia el juicio contra seis funcionarios y exfuncionarios vinculados con la gestión del entonces gobernador Gerardo Morales, por hechos relacionados con la destrucción del espacio comunitario, la construcción de la escuela y el manejo de documentación y fondos públicos.

En este escenario, la querella insiste en que la investigación no debería limitarse a quienes ejecutaron las decisiones y reclama que se determine la eventual responsabilidad de Gerardo Morales, a quien pretende que se impute si aparecen elementos suficientes que permitan vincularlo penalmente con los hechos.

Es importante aclarar que Morales actualmente no está imputado en esta causa: la imputación es un pedido de la querella y deberá ser resuelta por la justicia. La situación adquiere una dimensión adicional porque Morales se encuentra actualmente en China, según publicaciones periodísticas recientes. Sin embargo, también debe señalarse como dato relevante que podría incidir en la causa —frente a un eventual desenlace sobre la situación de Morales— que Argentina y China firmaron un tratado de extradición en 2013, aunque, según información oficial argentina de 2023, todavía se buscaba impulsar su entrada en vigencia; por eso no puede afirmarse que exista hoy un tratado de extradición plenamente vigente entre ambos países.

Sí existe un acuerdo bilateral de asistencia judicial en materia penal que permite mecanismos de cooperación entre las autoridades. En consecuencia, si en algún momento la justicia argentina imputara a Morales y dictara una medida que requiriera su localización o eventual extradición, su permanencia en China no lo convertiría automáticamente en inalcanzable, aunque el procedimiento dependería de los instrumentos jurídicos vigentes y de la decisión de las autoridades chinas. La cuestión central ahora es si la justicia permitirá que la investigación avance desde los funcionarios ya imputados hacia la eventual responsabilidad de quien era el máximo responsable político del Ejecutivo provincial cuando ocurrieron los hechos.

Tanto el “Jujeñazo”, en el fuero local, como Caspalá, en el fuero federal, dejan una misma pregunta política: ¿la justicia actúa con la misma firmeza frente a los manifestantes que frente a quienes ejercen el poder? No se trata de anticipar culpabilidades, sino de exigir igualdad ante la ley.

Si la justicia avanza rápidamente contra quienes protestaron, pero no con la misma intensidad sobre las responsabilidades políticas y las decisiones que pudieron generar los hechos, queda instalada la sospecha de una justicia selectiva.

La verdadera independencia judicial se demuestra investigando hacia arriba y hacia abajo, sin mirar el poder ni el apellido del acusado, porque una democracia no necesita una justicia que solamente castigue: necesita una justicia que investigue a todos por igual.