Sospechan que el gobierno retiene fondos de afiliados al ISJ

Hay además un elemento jurídico que vuelve especialmente sensible esta discusión: la Ley Orgánica 4282 establece que el aporte personal es del 4% y la contribución estatal del 6% de las remuneraciones, y establece expresamente que los organismos estatales actúan como agentes de retención y deben depositar los importes descontados en las cuentas del instituto dentro de los diez días hábiles posteriores al pago de los haberes. Es decir, ese dinero no aparece jurídicamente como una caja de libre disponibilidad del gobierno: tiene una finalidad determinada, que es financiar el seguro de salud.

Por eso la llamada Cuenta Única puede convertirse en un problema cuando la concentración de recursos termina desdibujando el origen y el destino de fondos que tienen afectación específica. Una Cuenta Única puede ser una herramienta de administración de tesorería, pero no debería convertirse en una especie de caja negra donde resulte imposible determinar qué dinero pertenece al Estado en general y qué dinero corresponde específicamente al ISJ. De hecho, existe un antecedente particularmente significativo: en 1997 la Legislatura sancionó una ley que buscaba excluir los recursos del ISJ del Fondo Unificado y establecer una cuenta especial, ordenando además transferir los aportes y contribuciones dentro de los cinco días posteriores al pago de los salarios.

Y aquí aparece la cuestión más delicada: si se comprobara que el Estado descuenta a los trabajadores un aporte destinado al ISJ y luego retiene, desvía o utiliza esos fondos para una finalidad diferente a la legalmente establecida, no estaríamos simplemente frente a una irregularidad contable. Dependiendo de cómo se haya producido el hecho, de quién haya intervenido, de la existencia de autorización legal y de la prueba sobre el destino de los fondos, podrían analizarse responsabilidades administrativas, patrimoniales y eventualmente penales.

Entre las figuras que podrían entrar en consideración, según las circunstancias concretas, están la malversación de caudales públicos, el incumplimiento de los deberes de funcionario público o incluso la administración fraudulenta. Pero sería incorrecto afirmar de antemano que se cometió alguno de esos delitos sin una investigación que determine los hechos y las responsabilidades individuales.

Las consecuencias, si efectivamente existiera una apropiación o utilización indebida de fondos afectados al sistema de salud, serían importantes: devolución de los recursos, determinación de responsabilidades de los funcionarios involucrados, posibles sanciones administrativas y, si la conducta encuadrara en un delito, una investigación penal con las consecuencias que establezca la justicia.

Pero hay algo todavía más grave desde el punto de vista social: mientras se discute dónde está el dinero, el afiliado queda atrapado en el medio. Es el trabajador al que le descuentan todos los meses, pero que después encuentra dificultades para conseguir una prestación, una autorización, un medicamento, una práctica médica o una atención que debería estar garantizada.

Por eso la elección de vocales del ISJ debería ser mucho más que una disputa electoral; debería transformarse en una oportunidad para exigir transparencia absoluta. Si el gobierno dice que los fondos llegan, que muestre los comprobantes; si el instituto dice que tiene dificultades financieras, que publique su balance, ingresos, egresos, deuda con prestadores y flujo mensual de recursos. Y si el vocero sostiene que existe un déficit de 3.000 o 4.000 millones mensuales, que explique de dónde surge exactamente esa cifra.

Una obra social que recibe aportes obligatorios de casi 80.000 trabajadores y que, al mismo tiempo, reduce prestaciones mientras acumula quejas de sus afiliados no puede manejarse con versiones cruzadas: necesita números, documentos y responsabilidades claras.

La salud de los trabajadores no puede quedar sometida a una pelea de declaraciones entre funcionarios y candidatos; el dinero descontado del salario tiene nombre y destino, y los afiliados tienen derecho a saber qué sucede con cada peso.