CANNAVA nació bajo la bandera del desarrollo del cannabis medicinal y fue presentada como una apuesta estratégica de Jujuy para ingresar en una industria de alto valor agregado. Sin embargo, el rumbo que estaría tomando actualmente la empresa plantea una pregunta incómoda: ¿qué quedó de aquel proyecto industrial y farmacéutico y cuánto hay hoy de simple comercialización de materia prima?
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La ruta china de la "marihuanera" jujeña
Hay operaciones que se explican por sí mismas y otras que, por la cantidad de interrogantes que generan, obligan a mirar mucho más allá de un simple negocio comercial. La transformación de CANNAVA, la sociedad del Estado creada durante la gestión de Gerardo Morales, pertenece a esta segunda categoría.
La empresa se encuentra actualmente bajo la conducción de un licenciado de apellido Bruera, señalado como exasesor de Gerardo Morales durante su etapa como senador de la Nación. La continuidad de personas vinculadas políticamente al exgobernador no sería, por sí misma, un problema. El verdadero interrogante aparece cuando se observa el cambio de orientación de CANNAVA y, simultáneamente, la creciente presencia de China en el mapa de los negocios vinculados al jujeñismo.
Morales, principal impulsor político y creador de CANNAVA, se encuentra actualmente instalado en Shenzhen. Ese dato, combinado con los vínculos económicos que Jujuy desarrolló con China durante sus años de gobierno, vuelve inevitable formular una pregunta elemental: ¿qué papel juega hoy el exgobernador en la construcción de esta nueva ruta comercial?
La pregunta adquiere todavía mayor importancia si, como se sostiene, CANNAVA habría dejado en segundo plano la elaboración de aceites medicinales para concentrarse en la comercialización de cogollos, semillas y otros productos primarios del cannabis. Si esto efectivamente representa un cambio de estrategia, los ciudadanos tienen derecho a conocer quién decidió ese giro, por qué se tomó la decisión y, fundamentalmente, quiénes son los beneficiarios de las operaciones.
No estamos hablando de una empresa privada que arriesga exclusivamente capital propio; estamos hablando de una sociedad del Estado. Por lo tanto, detrás de cada operación existen recursos públicos, decisiones administrativas y funcionarios que deben rendir cuentas.
Aquí aparece otro actor que vuelve todavía más interesante el escenario: CANNAFIS, una empresa privada radicada en Colonia Elisa, provincia del Chaco, que desarrolla cannabis medicinal, produce flores secas estandarizadas y resinas, y busca abastecer tanto al mercado farmacéutico nacional como a mercados internacionales. La aparición de un competidor privado debería ser una buena noticia para cualquier política pública seria: más empresas significan inversión, empleo, innovación, competencia y posibilidades de ampliar los mercados. Sin embargo, según versiones atribuidas a fuentes empresariales vinculadas a CANNAFIS, el crecimiento de la compañía chaqueña habría generado malestar en sectores relacionados con Gerardo Morales.
Si esa versión puede ser demostrada, entonces aparece una cuestión política mucho más grave: ¿se pretendió preservar para CANNAVA un espacio privilegiado dentro del negocio del cannabis medicinal?
Porque la verdadera discusión no es solamente China, tampoco es solamente CANNAVA; la discusión es el modelo económico que existe detrás de la empresa estatal. Durante años se habló de diversificación productiva, industrialización y desarrollo de una cadena de valor del cannabis medicinal. Pero si el resultado termina siendo una empresa pública concentrada en vender cogollos, semillas o materia prima a compradores externos, cabe preguntarse qué ocurrió con aquella promesa de industrialización. ¿Estamos frente a una verdadera industria farmacéutica o frente a un esquema de producción primaria destinado a abastecer mercados extranjeros?
Si el destino es China, las preguntas se multiplicación: ¿quién compra?, ¿a qué precio?, ¿quién intermedia?, ¿qué empresas chinas participan?, ¿existen contratos vigentes?, ¿qué volúmenes se exportan?, ¿cuál es el margen de CANNAVA?, ¿cuánto dinero ingresa efectivamente a Jujuy?, ¿quién autorizó las operaciones?, ¿qué organismo provincial controla los contratos?, ¿se realizaron licitaciones o procedimientos competitivos?, ¿qué informes económicos justificaron las decisiones? Hasta que esas preguntas tengan respuestas documentadas, hablar de transparencia resulta difícil.
La sospecha de que Morales siente rechazo hacia la competencia privada tampoco debería quedar reducida a una acusación política. Si existe evidencia de que desde el Estado se intentó obstaculizar a empresas privadas para preservar un mercado para CANNAVA, esa evidencia debe hacerse pública; y si no existe, quienes realizan esa acusación deberían aportar las pruebas.
Lo que no puede ocurrir es que una empresa estatal opere en un área estratégica sin que la ciudadanía pueda conocer con claridad sus contratos, compradores, precios y resultados.
Porque cuando el Estado participa directamente en un negocio, la transparencia no es optativa. La cuestión de fondo es todavía más incómoda: si CANNAVA fue creada para desarrollar una industria, ¿por qué debería terminar compitiendo con empresas privadas desde una posición privilegiada?, ¿por qué no debería existir un mercado abierto donde CANNAVA, CANNAFIS y cualquier otra compañía puedan competir bajo las mismas reglas?
Una economía moderna no necesita monopolios políticos. Necesita reglas claras y, si la llamada “ruta china de la marihuana jujeña” existe, debe poder reconstruirse documentalmente: desde las decisiones tomadas en Jujuy hasta los contactos empresariales en China; desde los contratos hasta los destinatarios finales de los productos. Allí estará la verdadera historia.
Porque el problema no es que Jujuy venda cannabis a China; el problema sería que una empresa creada con dinero público se transforme en una caja negra comercial mientras sus principales decisiones se toman sin que los jujeños puedan conocer quién compra, cuánto paga y quién termina beneficiándose.
Si, además, la competencia privada fue considerada una amenaza en lugar de una oportunidad, entonces la discusión deja de ser económica y pasa a ser profundamente política. CANNAVA debería abrir sus libros, mostrar sus contratos, explicar su cambio de estrategia, identificar a sus compradores y publicar los resultados económicos de sus operaciones.
Gerardo Morales, como principal impulsor político de CANNAVA, también debería explicar qué relación mantiene actualmente con el proyecto que creó, qué papel desempeña desde Shenzhen y cuál es su visión sobre el futuro de la empresa estatal.
Cuando todos los caminos parecen conducir a China, la pregunta más importante no es solamente hacia dónde conduce el camino; la pregunta es quién lo construyó, quién lo controla y quién cobra el peaje.