Concejal denunció que la empresa estatal opera sin controles claros, balances incompletos y exportaciones clasificadas como confidenciales. Además, cuestionó el impacto de la millonaria deuda provincial frente a las demandas salariales de los trabajadores.
Las dudas en torno al funcionamiento y la legalidad de la planta de Cannava 2, ubicada en la zona de El Remate (departamento Palpalá), sumaron nuevas voces críticas.
El concejal Rodrigo Reynaga (La Libertad Avanza) puso en tela de juicio el manejo de fondos públicos, la falta de habilitaciones municipales y el hermetismo en torno a la producción y comercialización de cannabis medicinal.
Según explicó el legislador local, tras las averiguaciones realizadas desde su espacio, se constató que no existen decretos provinciales claros sobre la cesión de tierras en ese sector y que la empresa estatal mantiene deudas informativas con los organismos de control.
El principal reclamo de la oposición apunta a la opacidad con la que se manejan los recursos de la firma estatal, contrastando con las promesas oficiales de un "boom económico" para la región.
"La presentación que hizo esta empresa estatal está incompleta ante la Auditoría General de la Provincia, los balances 2024 también están incompletos y todas las exportaciones están clasificadas como confidenciales. Entonces deja al descubierto de vuelta lo que es el gobierno provincial cuando genera este tipo de cajas negras y no da absolutamente ningún tipo de respuesta a la gente", apuntó Reynaga.
Asimismo, el edil remarcó que las empresas estatales instaladas en la zona —no se traducen en beneficios ni contraprestaciones reales para los vecinos de El Remate, un sector que continúa reclamando servicios básicos como iluminación y mejoras en la infraestructura urbana.
Consultado sobre la jurisdicción municipal y los permisos de habilitación, Reynaga advirtió sobre la superposición de roles en la que opera el Ejecutivo provincial, al actuar como juez y parte en los controles.
"Si bien las tierras son del Gobierno provincial, la municipalidad obviamente tiene que estar al tanto de este tipo de situación económica, de los permisos que tiene, pero como es el Gobierno provincial quien está haciendo todo esto, son ellos mismos que se fiscalizan, son ellos mismos que se dan los permisos, entonces terminan siendo un feudo que trabaja para ellos mismos", cuestionó.
Frente a este escenario, desde el bloque adelantaron que elaborarán un pedido de informe para ser presentado la próxima semana en el Concejo Deliberante, aunque reconocieron que históricamente este tipo de solicitudes no suelen obtener respuestas por parte del oficialismo.
