La abogada de familias desalojadas de la región indico que, en distintas áreas del gobierno, se las reconoce como legales propietarias de los espacios. Independientemente de las declaraciones realizadas por el ministro de Turismo provincial, la Justicia Federal reafirmó su competencia y ordenó al Estado informar detalladamente el alcance alcance de las obras proyectadas que estarían avanzando sobre más propiedades privadas.
