Si efectivamente los recursos nacionales que llegan a las provincias muestran una recuperación, o al menos no registran una “caída en pedazos”, como lo calificó el ahora militante vocero Alberto Siufi, entonces queda seriamente debilitada la explicación utilizada por el oficialismo para postergar el debate legislativo.
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Sube la coparticipación, se cae la tesis de Siufi
La discusión sobre la ley de coparticipación provincial en Jujuy expone mucho más que una diferencia técnica sobre números fiscales: pone en evidencia una forma de ejercer el poder político basada en la discrecionalidad y en la subordinación de los municipios a la Casa de Gobierno.
Cuando desde el propio Gobierno nacional se afirma que la curva de la coparticipación crece y que las provincias reciben más ingresos, el argumento de que una nueva distribución pondría en riesgo el pago de salarios municipales pierde consistencia y aparece más como una excusa política que como una razón económica real.
En ese contexto, cobra fuerza la idea de que el verdadero problema para el oficialismo jujeño no es financiero, sino político. Una ley clara, transparente y automática de coparticipación reduciría considerablemente el margen de discrecionalidad con el que históricamente se administraron los recursos provinciales durante más de una década.
Y cuando los recursos dependen de la voluntad de un dirigente que ejerce el poder desde las sombras, los intendentes quedan inevitablemente condicionados. El mensaje implícito termina siendo simple: quien acompaña recibe; quien cuestiona puede ser castigado.
Ese esquema perverso convierte a los municipios en estructuras dependientes y limita su autonomía institucional, impactando directamente en la calidad democrática de la provincia.
El problema de fondo es que esa lógica reproduce una cultura política antigua, propia de modelos verticalistas que deberían haber quedado atrás. En pleno siglo XXI, las provincias que logran desarrollarse son aquellas que fortalecen a sus gobiernos locales, generan reglas previsibles y garantizan igualdad de oportunidades para todos los municipios, independientemente del color político de sus intendentes.
Porque sin autonomía financiera no hay autonomía política. Y sin autonomía política, los municipios quedan atrapados en una relación de obediencia perpetua que deteriora la gestión pública y perjudica directamente a los ciudadanos.
La consecuencia concreta de este sistema es que muchas comunas viven en una situación de precariedad estructural. Los intendentes terminan dedicando más tiempo a gestionar favores y reclamar recursos que a planificar obras y políticas de desarrollo local.
La dependencia económica debilita la capacidad de gestión, paraliza proyectos y profundiza desigualdades territoriales. Mientras tanto, la sociedad observa cómo las disputas políticas se imponen sobre las necesidades reales de la gente: infraestructura deficiente, problemas de salud, educación deteriorada y falta de oportunidades.
Además, la demora en debatir una ley de coparticipación transmite una señal institucional preocupante. Cuando las reglas no son claras y dependen de decisiones discrecionales, se erosiona la confianza en las instituciones. Y sin confianza tampoco existe un clima favorable para inversiones, crecimiento económico ni desarrollo sostenible.
La transparencia fiscal y la distribución equitativa de recursos no son solamente cuestiones administrativas; son pilares fundamentales de cualquier democracia moderna.
Por eso, el debate excede una pelea coyuntural entre oficialismo y oposición. Lo que realmente está en discusión es si Jujuy seguirá funcionando bajo un esquema concentrado, donde el poder político administra recursos como mecanismo de control, o si avanzará hacia una institucionalidad más madura, con municipios fuertes, reglas previsibles y mayor equilibrio entre los distintos niveles del Estado.