Las semanas pasaron y en el inicio de mayo, la Fiscalía de Jujuy desestimó la denuncia por cesantías, pese a que la defensa de los trabajadores consideraba que había elementos penales en el caso.
Exigen avances judiciales
El abogado Sebastián Espada, representante legal de los choferes, recordó el origen del caso: siete trabajadores con antigüedad de entre 10 y 20 años reclamaron el pago de salarios según la escala nacional de UTA. El 30 de marzo fueron convocados a una reunión donde se les dio un ultimátum: o desistían del reclamo legal por diferencias salariales, o eran despedidos.
Los empleados grabaron la reunión y en el audio, según el abogado, la empresa les advierte que si no bajaban el juicio, no trabajarían nunca más en el rubro, ya que Santa Ana y El Urbano serían las únicas beneficiarias de la nueva licitación.
El letrado comentó que la denuncia por amenazas coactivas fue archivada por un fiscal sin siquiera escuchar el audio. Sin embargo, el Procurador General ordenó reabrirla por considerar el archivo "prematuro".
Pese a ello, la semana pasada, el fiscal decidió archivarla por segunda vez, bajo el argumento de que es un "conflicto laboral" y no un delito penal. La defensa ya presentó una nueva impugnación. Espada sugirió que hay una resistencia del MPA a investigar el fondo del asunto, a pesar de la prueba sonora.
El abogado denunció además una maniobra posterior al despido que perjudicó directamente el sustento de las familias: la empresa informó a los organismos de control que ya había pagado las liquidaciones finales (montos de entre 10 y 20 millones de pesos).
Al figurar como "pagados" en el sistema, ANSES les denegó inicialmente el fondo de desempleo. Los trabajadores tuvieron que presentar resúmenes de cuenta bancaria para demostrar que nunca recibieron un peso (ni liquidación, ni el sueldo de marzo).
