Debate sobre responsabilidad fiscal: Sadir tiene más para explicar que para exigir

El discurso de la transparencia en política pierde valor cuando no está acompañado por hechos concretos, reglas claras y ejemplos visibles desde el propio poder político. Por eso, las declaraciones del gobernador Sadir en este evento generan inevitablemente una contradicción difícil de ignorar.

Porque cuando se exige transparencia a los intendentes, la primera pregunta que surge es si el propio Estado provincial cumple con ese principio básico de manera consistente y verificable. Y es ahí donde aparecen las dudas, los cuestionamientos y la distancia entre el discurso y la realidad, algo que incluso queda reflejado en el controvertido rol del vocero del Gobierno.

En Jujuy, desde hace años, la ciudadanía percibe un esquema de poder excesivamente concentrado, con organismos de control debilitados, escasa información pública accesible y decisiones financieras que se conocen de manera parcial o, directamente, no se explican.

La transparencia no puede reducirse a una palabra elegante utilizada en un acto institucional. Transparencia significa que la sociedad pueda saber cómo se administra cada peso, cómo se distribuyen los recursos y cuáles son los criterios para beneficiar o postergar municipios. Y justamente ahí es donde el Estado provincial muestra enormes déficits.

Los ejemplos en política siempre bajan desde arriba hacia abajo. Ningún gobernador puede construir autoridad moral para exigir austeridad, responsabilidad o transparencia si previamente su propia gestión no se somete a un riguroso control público. Porque la autoridad política no se sostiene solamente en el cargo, sino también en la coherencia. Y hoy muchos jujeños sienten que esa coherencia no aparece.

Existe la sensación de que el poder provincial exige controles hacia abajo, pero evita controles hacia arriba. Se reclama disciplina administrativa a los municipios mientras persisten cuestionamientos sobre el manejo discrecional de fondos, la falta de acceso claro a la información pública y la ausencia de mecanismos modernos y efectivos de rendición de cuentas.

Además, si realmente el Gobierno provincial quisiera inaugurar una etapa de transparencia real, hay una herramienta fundamental que debería impulsar sin más demora: una ley de coparticipación moderna y clara. Ese es el gran debate estructural que viene postergándose, en parte, por la presión política que todavía ejerce el exgobernador Gerardo Morales.

Porque mientras la distribución de recursos dependa excesivamente de la discrecionalidad política que emana desde la Jefatura de Gabinete, siempre existirán subordinación, dependencia y sospechas. La autonomía municipal no puede quedar atada al humor político del gobierno de turno. Los intendentes necesitan reglas previsibles, no favores.

Pero además, una ley clara transparentaría el poder. Y justamente ahí aparece el punto más sensible: muchas veces la discrecionalidad financiera funciona como una herramienta de control político.

La transparencia no puede ser una exigencia selectiva dirigida únicamente a intendentes o sectores más débiles de la estructura política. Debe empezar por la Gobernación, por los ministerios, por las empresas del Estado y por cada lugar donde se administran recursos públicos.

Cuando un gobernador habla de transparencia, la sociedad no escucha solamente palabras: observa antecedentes, conductas y decisiones.

En ese contexto, el gobierno de Sadir todavía tiene mucho más para explicar que para exigir.