La Justicia lo halló culpable de cuatro hechos de abuso gravemente ultrajante, dos de ellos agravados por la convivencia. La pena es de cumplimiento efectivo, pero el condenado permanece en libertad hasta que la sentencia quede firme.
Después de casi nueve años de un largo proceso judicial, finalmente llegó la sentencia contra un hombre acusado de haber abusado sexualmente durante años de su sobrina política en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Tras haber declarado hace una semana penalmente responsable a Sergio Luccioni de los delitos de “Abuso sexual gravemente ultrajante (dos hechos) y “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometidos con aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima (dos hechos) todos en concurso real”, finalmente el Tribunal dictó la pena de 12 años de prisión efectiva para quien consideró autor de los crímenes por los que fue acusado.
Vale mencionar que los jueces ordenaron, una vez firme la sentencia, la detención del condenado y su traslado al Servicio Penitenciario provincial a los fines del cumplimiento de la pena. Mientras tanto, el sujeto permanecerá en libertad.
La condena trajo una sensación de alivio y de Justicia, tanto para la familia de la joven abusada, como para quienes llevaron adelante el proceso judicial que tardó muchos años hasta finalmente ver la luz.
El caso fue seguido durante largo tiempo y generó un fuerte impacto por las demoras judiciales, suspensiones de audiencias y planteos que dilataron el debate, el cual por concluyó el pasado miércoles con la condena obtenida.
Según se informó desde fuentes consultadas por nuestro medio, parte de los hechos expuestos por la Fiscalía representada por la doctora María Curten Haquim lograron ser acreditados en juicio, aunque otros quedaron prescriptos, por lo que el acusado fue sobreseído de los mismos.
La madre de la víctima, Claudia Tolaba, expresó su dolor, alivio e indignación tras conocerse el fallo. “Después de nueve años de espera, de dolor y de una interminable peregrinación por la Justicia, al fin hubo una condena contra Sergio Ernesto Luccioni, el violador de mi hija. Fueron años de juicios suspendidos, alegatos postergados y audiencias que no se realizaban. Nueve años sosteniendo a mi hija mientras el sistema avanzaba lentamente.”
La mujer remarcó que, si bien la pena no repara el daño sufrido, el fallo representa un reconocimiento fundamental: “Como madre, siento que ninguna pena es suficiente frente al daño que sufrió mi hija. Pero hoy puedo decir que la Justicia reconoció lo que ella vivió. Que su palabra fue escuchada. Que no mintió. Que dijo la verdad.”
También señaló que dos de los hechos no pudieron ser juzgados por haber prescripto: “Las fallas no fueron de mi hija, fueron del sistema. La mayoría de los hechos fueron acreditados, pero dos prescribieron por cuestiones del propio sistema judicial.”
Tolaba destacó además que su hija atraviesa una delicada situación de salud, ya que padece cardiopatía congénita grave (atresia cardiopulmonar), condición que —según manifestó— durante años no fue considerada con la urgencia necesaria.
En sus declaraciones, agradeció el acompañamiento de la Fiscalía y de la defensora de la víctima, quienes sostuvieron el proceso en medio de un expediente que, según denunció, sufrió irregularidades y hasta desaparición de pruebas.
No obstante, expresó su preocupación porque la defensa del condenado apelará la sentencia, lo que podría extender aún más el proceso: “Después de nueve años esperando una sentencia, ¿cuánto más tenemos que esperar para que se haga efectiva? ¿Cuánto más tiene que resistir una víctima? ¿Cuánto más tiene que resistir una madre?”
Finalmente, concluyó: “Soy mamá, y ningún tiempo de condena devuelve la infancia que le robaron a mi hija. Yo descansaré cuando esa condena se cumpla. Mi deseo es que mi hija pueda empezar a vivir en paz, a sonreír, a ser feliz. Que el Estado no vuelva a fallarle.”
Desde el entorno de la víctima reiteraron que, si bien la condena fue dictada, ahora esperan que la sentencia quede firme y se haga efectiva la prisión impuesta.
La Investigación Penal Preparatoria fue realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N° 2, de la circunscripción San Salvador de Jujuy, y estuvo a cargo de la fiscal María Emilia Curten Haquím, quien actuó ante el tribunal junto a Leila Rodríguez.
Durante las audiencias de debate, la agente fiscal ratificó la acusación contra el imputado, sustentada en los informes técnicos y médicos incorporados, en los elementos probatorios reunidos durante la IPP y las declaraciones testimoniales producidas, incluida la declaración de la menor víctima realizada en Cámara Gesell.
En su alegato, la representante del Ministerio Público de la Acusación acreditó los hechos y solicitó que el imputado sea condenado a la pena de 16 años de prisión, solicitud que fue acompañada por la querella.
Los hechos, de acuerdo a la investigación realizada, ocurrieron durante el período comprendido entre los años 2006 y 2017, cuando la víctima tenía entre 4 y 14 años de edad.
La menor residía en el domicilio de su abuela materna, mientras que el condenado, pareja de la tía de la víctima, habitaba la vivienda contigua, conectada internamente.
En diversas oportunidades, el condenado aprovechó momentos en los que se encontraba a solas con la menor para cometer los abusos, dentro del domicilio ubicado en el barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy.
