El debate sobre la atención sanitaria a extranjeros no residentes: un acto de justicia fiscal en Jujuy

Es importante destacar un hecho que muchas veces se olvida en el debate público: la salud no es gratuita. Los servicios sanitarios, desde la atención primaria hasta los tratamientos más complejos, son extraordinariamente costosos. Estos costos son asumidos por el Estado, pero los fondos para cubrirlos no surgen de la nada. Quienes residen en Jujuy pagan por su salud, aunque no lo vean directamente en cada visita al hospital o en cada consulta médica. Lo hacen cuando pagan sus impuestos, contribuyendo de manera indirecta al financiamiento del sistema de salud. Es este flujo de recursos fiscales el que sostiene las estructuras médicas, el personal sanitario, los insumos y las tecnologías necesarias para brindar atención de calidad.

Cuando se habla de “salud pública gratuita”, lo que en realidad se está señalando es un sistema financiado por los contribuyentes. Cada vez que un ciudadano jujeño paga el IVA, el impuesto a las ganancias o sus tasas provinciales, está invirtiendo en su bienestar y en el de su comunidad. Por lo tanto, la idea de que los servicios de salud puedan extenderse indefinidamente a quienes no forman parte de esta red de contribuyentes se convierte en un problema financiero y de justicia.

Un punto clave en esta discusión es la ausencia de reciprocidad con los países vecinos. En Bolivia, por ejemplo, los jujeños que requieren atención médica deben pagar por los servicios que reciben, sin excepción. No existen acuerdos que permitan una atención gratuita, ni una política que compense los servicios brindados a extranjeros. Ante esta realidad, es entendible que Jujuy busque proteger sus recursos y destinarlos a quienes efectivamente sostiene el sistema.

Es evidente que la reciprocidad es un principio fundamental en las relaciones internacionales, pero en la atención sanitaria, este equilibrio está ausente. Durante años, Jujuy ofreció un acceso gratuito a su sistema de salud a muchos extranjeros no residentes, incluso sin recibir una contraprestación equivalente cuando los jujeños cruzaban la frontera. Esto no solo afectó el presupuesto provincial, sino que creó una sensación de injusticia entre los ciudadanos locales, quienes veían cómo sus impuestos se destinaban a un servicio que no les era retribuido en condiciones similares fuera de Argentina.

La medida anunciada por las autoridades provinciales no implica un cierre total del acceso al sistema de salud para los extranjeros no residentes. Las emergencias seguirán siendo atendidas sin costo alguno, tal como lo estipulan los principios humanitarios. No obstante, en el caso de los tratamientos ambulatorios, aquellos que no sean urgentes ni impliquen riesgo de vida, se aplicarán tarifas para quienes no vivan en la provincia ni contribuyan con el sostenimiento del sistema.

Este enfoque es justo y necesario. Por un lado, asegura que nadie quede sin asistencia en situaciones críticas; por otro, protege los recursos destinados a quienes realmente los financian. Es un intento de equilibrar la balanza entre las necesidades crecientes de la población local y las demandas de una población flotante que no forma parte del sistema tributario jujeño. En este sentido, Jujuy sigue el ejemplo de otros países que han enfrentado desafíos similares.

El cobro de servicios de salud a extranjeros no residentes es una práctica común en muchas partes del mundo. En el Reino Unido, el NHS (National Health Service) proporciona atención gratuita a los ciudadanos y residentes permanentes, pero impone tarifas a quienes no son parte del sistema de salud, excepto en casos de emergencia. En España, el Sistema Nacional de Salud ofrece atención gratuita a los residentes, pero los turistas deben pagar por los tratamientos que no sean urgentes. Sin embargo, las emergencias se atienden de manera gratuita.

En países como Noruega y Suecia, los extranjeros no residentes deben pagar por los servicios no urgentes, ya que el sistema está financiado principalmente por los impuestos de los ciudadanos. Esto refleja una comprensión profunda del hecho de que la salud no es gratuita y de que quienes se benefician del sistema deben contribuir al mismo.

En Bolivia, la situación es aún más clara: los argentinos, incluidos los jujeños, deben abonar completamente los servicios de salud que reciben. No existe un tratamiento recíproco ni un acuerdo que permita a los ciudadanos argentinos recibir atención gratuita, lo que refuerza la necesidad de implementar medidas como las adoptadas en Jujuy para equilibrar esta disparidad.

El concepto de que la salud es “gratuita” ha sido malinterpretado durante años. Los sistemas públicos de salud en realidad dependen de una carga fiscal significativa. Cada consulta médica, cada intervención quirúrgica y cada tratamiento ambulatorio tienen un costo real que debe ser cubierto de alguna manera. En Jujuy, estos costos son asumidos por los residentes y ciudadanos que pagan impuestos. Así es como se mantiene un sistema que, a pesar de sus limitaciones, intenta ofrecer atención de calidad a todos los que viven en la provincia.

Cuando un extranjero no residente accede a los servicios de salud sin pagar por ellos, está esencialmente utilizando un recurso pagado por los contribuyentes jujeños, sin aportar al sostenimiento del sistema. En una situación donde los recursos son limitados, esta dinámica no es sostenible ni justa. Los ciudadanos y residentes tienen derecho a que sus impuestos se destinen prioritariamente a su propio bienestar y al de su comunidad.

En tiempos de crisis económica y presupuestaria, donde las prioridades de gasto deben definirse con mayor precisión, esta medida de Jujuy es un paso necesario. Las demandas del sistema de salud están en aumento, y los recursos disponibles no son infinitos. Los ciudadanos y residentes de la provincia merecen que los fondos que contribuyen a través de sus impuestos sean utilizados de manera eficiente y justa. En este sentido, cobrar a los extranjeros no residentes por los servicios de salud no urgentes es una forma de asegurar que el sistema se mantenga sostenible para quienes realmente lo sostienen.

Al mismo tiempo, la provincia sigue comprometida con su responsabilidad humanitaria al garantizar la atención de emergencias, lo que demuestra que esta medida no está diseñada para excluir a nadie en situaciones de riesgo vital, sino para proteger un recurso público valioso y limitado.

La salud es un derecho, pero también es un servicio que requiere recursos, esfuerzo y financiación constante. Los presupuestos de salud son finitos, y las necesidades son prácticamente infinitas. La decisión de Jujuy de cobrar a los extranjeros no residentes por los tratamientos ambulatorios es una medida que busca preservar el equilibrio fiscal y asegurar que los ciudadanos y residentes, quienes financian el sistema con sus impuestos, reciban el beneficio de su contribución.

En este contexto, se hace evidente que la reciprocidad debe ser una prioridad en las relaciones entre países, y que los ciudadanos jujeños merecen un trato equivalente cuando necesiten atención médica en el extranjero. Hasta que esto ocurra, Jujuy está tomando una decisión lógica y necesaria para proteger su sistema de salud, garantizando su sostenibilidad a largo plazo y asegurando que sus recursos sean utilizados de manera justa y equitativa.

La salud no es gratis, y los jujeños ya pagan por ella cada día, cuando cumplen con sus obligaciones tributarias. Es hora de que esas contribuciones se utilicen en su beneficio, mientras se mantiene un compromiso con la atención de emergencias para quienes lo necesiten, sin importar su lugar de origen.