En medio del debate por la actividad minera y el régimen de regalías en Jujuy, Raúl Sajama, vicepresidente de la Comunidad Angosto del Perchel de Tilcara, volvió a plantear una de las principales demandas de los pueblos originarios: el cumplimiento efectivo del derecho a la consulta indígena previa, libre e informada.
Mientras crece la minería, comunidades exigen conocer qué beneficios quedan para Jujuy
El vicepresidente de la Comunidad Angosto del Perchel cuestionó la falta de diálogo del Gobierno provincial con los pueblos originarios, reclamó el cumplimiento de la consulta indígena y advirtió sobre la escasa participación de Jujuy en los beneficios de la explotación del litio.
Según sostuvo, el reclamo de las comunidades no se limita únicamente a la distribución de los beneficios económicos derivados de la minería, sino que apunta principalmente a la falta de información y participación en las decisiones que afectan directamente a sus territorios.
“Las comunidades vienen planteando desde hace años que el Gobierno debe informar y consultar. Ese derecho está establecido en la Ley Nacional 24.071 y en el Convenio 169 de la OIT, pero en Jujuy no se está cumpliendo”, afirmó.
Sajama cuestionó que, en lugar de implementar los mecanismos previstos por la legislación nacional e internacional, la provincia haya optado por otros procedimientos administrativos que, según considera, no garantizan los derechos de las comunidades indígenas.
Para el dirigente, la consulta debe ser un espacio real de diálogo donde participen el Estado, las empresas y las comunidades. “La gente tiene derecho a saber qué se va a hacer, quién se va a beneficiar, qué impacto tendrá sobre el agua, sobre el territorio y sobre su forma de vida. Son preguntas básicas que cualquier ciudadano haría”, expresó.
Uno de los puntos que más preocupación genera entre las comunidades es el uso del agua en los proyectos mineros. Sajama señaló que en muchas zonas de la Puna los recursos hídricos son escasos y constituyen la base de la producción ganadera y agrícola familiar.
“Cuando una empresa llega, la gente quiere saber cuánta agua va a utilizar y de dónde la va a sacar. Son cuestiones fundamentales para quienes viven en esos territorios”, indicó.
Un reclamo que lleva más de una década
El referente comunitario recordó que las comunidades de Salinas Grandes elaboraron hace casi diez años un protocolo de consulta indígena, conocido como Kachi Yupi, que fue entregado personalmente al entonces gobernador Gerardo Morales en 2016.
“Las comunidades hicieron una propuesta concreta sobre cómo debía realizarse la consulta de acuerdo con la ley. Sin embargo, después de casi diez años no hubo ninguna respuesta”, señaló.
Para Sajama, esta situación demuestra una falta de voluntad política para abordar seriamente la relación con los pueblos indígenas.
Regalías y beneficios para la provincia
Otro de los temas abordados fue la discusión sobre las regalías mineras y el impacto económico de la explotación del litio.
Sajama comparó el esquema vigente en Argentina con el modelo chileno y sostuvo que el país vecino desarrolló mecanismos para que el Estado obtenga una mayor participación en las ganancias cuando aumentan los precios internacionales del mineral.
“En Chile se prioriza la defensa de los intereses nacionales. Aquí seguimos con un esquema que deja muy pocos recursos para la provincia mientras las necesidades en salud, educación e infraestructura siguen creciendo”, afirmó.
El dirigente remarcó que las comunidades no buscan impedir el desarrollo económico ni perjudicar a las empresas, sino participar en una discusión seria sobre qué beneficios concretos quedarán para Jujuy.
“No se trata de ir contra las empresas. Se trata de sentarse a hablar y definir qué queda para la provincia y para las comunidades cuando se explotan recursos que pertenecen a todos”, expresó.
Territorio y preocupación por los desalojos
Sajama también se refirió a la situación territorial de las comunidades indígenas y a la preocupación existente frente a posibles conflictos por la tenencia de tierras.
Según explicó, numerosas comunidades continúan gestionando reconocimientos jurídicos y trámites vinculados a sus territorios ancestrales, mientras denuncian demoras y falta de respuestas por parte de organismos provinciales.
“El diálogo se posterga constantemente. Cambian los funcionarios, se vuelven a explicar los mismos planteos y los avances son mínimos. Las comunidades sienten que no existe una verdadera voluntad de resolver estos temas”, manifestó.
Un llamado al diálogo
Finalmente, el vicepresidente de la Comunidad Angosto del Perchel consideró que el debate sobre la minería y el litio debe incluir necesariamente a los pueblos indígenas y pidió que los futuros dirigentes provinciales incorporen esta cuestión en sus propuestas de gobierno.
“Las comunidades están interesadas en que Jujuy crezca y mejore. Pero para eso hay que dialogar, cumplir la ley y escuchar a quienes viven en los territorios desde mucho antes de la conformación del Estado argentino”, concluyó.
Para Sajama, la discusión sobre el futuro del litio en Jujuy no puede limitarse a las cifras de producción o a las inversiones anunciadas. El desafío, sostiene, pasa por garantizar transparencia, participación y un reparto más equitativo de los beneficios que genera uno de los recursos estratégicos más importantes de la provincia.