En general, los gobiernos provinciales no pueden “inyectar” dinero de las arcas públicas como si fuera una inversión privada en el mercado financiero con beneficios garantizados. Eso suena a operación de alto riesgo y, en la práctica, podría estar fuera de normas de contabilidad y presupuesto, y podría toparse con restricciones legales, de transparencia y rendición de cuentas.
Política |
¿Puede el gobierno mover recursos públicos a mercados financieros de forma arbitraria?
El gobierno de Jujuy insiste en vender el superávit fiscal que, por falta de derrame de esas utilidades a los sectores más vulnerables de la sociedad, se ha transformado en algo abstracto. Repasemos algunos números: entre enero y junio el superávit de Jujuy fue de 126000 millones de pesos. Además la provincia comenzó a tener superávit desde el 2020 y acumula 480000 millones de pesos.
Si hubiera inversiones directas en instrumentos financieros privados con rentabilidad fija y altas, podrían entrar en terreno de irregularidades si no están estrictamente autorizadas por ley, presupuestadas, auditables y con control de la oposición y de organismos de control.
Para determinar si estas operaciones son legales o no, hay que revisar el marco legal provincial, autorizaciones presupuestarias, reglas de deuda y gasto, informes de auditoría, y si hay rendición de cuentas públicas.
Cuando hablamos de posible malversación de fondos públicos para fines distintos a los previstos por la ley o en beneficio privado se incursiona en la figura de dolo o daño al patrimonio publico
En cuanto a incumplimiento de deberes: si un funcionario administra mal las funciones (falta de control, ignora las normativas, no rinde cuentas) puede haber responsabilidad administrativa y/o penal, dependiendo de la gravedad y de la evidencia.
En cualquier caso, para establecer esto, hace falta revisar normas específicas (leyes de presupuesto, leyes de deuda, normas de transparencia y control local, reglamentos del tribunal de cuentas o auditoría provincial).
De modo que de acuerdo al enorme volumen acumulado por el gobierno en materia de superávit y utilidades generadas en los mercados financieros es imperioso plantearse el siguiente cuestionario para establecer la legalidad o no de dichas operaciones:
¿Existe una ley o norma que autorice inversiones de tesorería provincial y defina instrumentos permitidos? ¿Está incluido en el presupuesto anual o en una norma de endeudamiento? ¿se publican informes de resultados, intereses ganados, costos y riesgos? ¿Hay auditoría?
¿Qué organismo controla estas operaciones? ¿Auditoría interna/externa, tribunal de cuentas, fiscalía de estado?
¿Las sesiones y actas muestran debate, preguntas y aprobación? ¿Se rindió cuentas a la ciudadanía?
Si no se publican informes de cuánto se ganó o perdió, qué costos hubo y qué riesgos se corrieron, la ciudadanía no sabe qué está pasando y no hay rendición de cuentas debe haber alguien que controle esto: auditoría interna, tribunal de cuentas o fiscalía.
En las sesiones del parlamento debe haber debate y aprobación y la ciudadanía debe recibir cuentas; si falta esa información, aumenta la sospecha de posibles irregularidades.
Cuando los recursos están disponibles pero no derraman a las zonas de la sociedad con mayores necesidades, la ética nos dice que el dinero público, debe ir a donde más se necesita a proteger derechos básicos como salud, educación, vivienda y seguridad y a asegurar que cada peso se use para beneficiar a la gente común no para favores o beneficios privados.
En cuanto a la cuestión moral, que es la manera en que sentimos que está bien o mal, nos empuja a exigir justicia social a pedir que los gobernantes no se queden con el dinero en forma opaca ni lo desvíen hacia intereses particulares y recordarles que quienes gobiernan actúan en nombre de todos y cada ciudadano.
Cuando los recursos se quedan fuera de las zonas con mayores necesidades se pierde confianza la gente siente que el sistema falla y la legitimidad se debilita porque no hay transparencia ni responsabilidad y eso crea un clima de desánimo que es lo que estamos viendo cotidianamente en las calles de Jujuy.