El conflicto por la tarifa social de energía eléctrica pone una vez más al descubierto la crisis económica que atraviesan gran parte de los jujeños, continuamente subestimada por el gobierno provincial.
Según el balance presentado en 2017 por la empresa EJESA, hace tiempo que la marca de 200 mil medidores fue superada, sin embargo cada vez más usuarios recurren al descuento financiado por el gobierno provincial ya que no están en condiciones de pagar el monto completo.
Hay que remitirse a los documentos oficiales para constatar la evolución en la cantidad de usuarios y en simultáneo el aumento desproporcionado de quienes gozan de la tarifa social.
"¿Se puede pensar que una tarifa es regular o estable para todos los usuarios de Jujuy si tenemos 80 mil personas en tarifa social? Hay algo que anda mal, la tarifa regular no puede ser la excepcional" analizaba la titular de CODELCO Alicia Chalabe durante su entrevista en Radio 2.
Previo rempadronamiento, el 40% de los hogares abastecidos de energía eléctrica estaban incluidos dentro de los parámetros de vulnerabilidad social definidos por SUSEPU. En otras palabras 80 mil beneficiarios reconocidos por el organismo público de un espectro cercano a 200 mil no tenían ingresos suficientes para soportar la tarifa residencial convencional.
Es innegable que este relevamiento se relaciona con las declaraciones de la ex ministra de Desarrollo Humano Ada Galfré, allá por enero de 2019, quien antes de renunciar al cargo reconoció la existencia de 120 mil familias que dependían directamente de la ayuda del Estado provincial para alimentarse.
Según las estimaciones de ese entonces, un 68% de la población jujeña dependía del PLASONUP (Plan Social Nutricional Provincial). Antes de ser retrotraído al sistema de tarjetas magnéticas, entregaba no más de una docena de artículos comestibles básicos en bolsones o cajas bajo un sistema de distribución ineficaz que exponía aún más a la marginalidad a las ciudadanos en estado vulnerable.
Más cercano en el tiempo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló que durante el primer semestre de 2019, la pobreza en Jujuy había escalado al 35,7%.
Los números hablan por si solos, excepto para el oficialismo jujeño que celebra espurias estadísticas sobre ocupación laboral y pondera “Jujuy Asiste y Reactiva” como la solución definitiva para combatir el flagelo de la pobreza.
En los últimos meses, no fueron pocos los referentes de comedores sociales los que alertaron sobre la problemática que atraviesan los sectores más vulnerables con un aumento considerable en el número de comensales. Incluso se llegó a pedir que se declare la emergencia alimentaria pero el gobierno hizo caso omiso argumentando que con el Plan de Contingencia alcanza.
"No hay cifras oficiales pero se estima que hay un 40% de la población que está por debajo de la línea de pobreza. El plan Jujuy Asiste y Reactiva es insuficiente para paliar la situación y el hambre no espera" describía el referente del Conecjo Provincial Alimentario Pablo Váldez, otro organismo que solicitó regularmente se tomen medidas extraordinarias, reclamo desoído hasta la fecha por el gobierno de Morales.
