- En horas de la mañana tuvo lugar el acto de posesión al cargo de Fiscal Anticorrupción de la provincia de Jujuy al que asumió la abogada Josefa Del Valle Herrera; y de Procurador General el abogado Mariano Ramiro Zurueta.
- La maniobra del gobierno consistió en instalar en el organismo una funcionaria del mismo color político y anular las acciones que venía impulsando, en pos de mayor transparencia, Juan Manuel Soler.
- A minutos de asumir, la nueva fiscal dejó en claro quien da las instrucciones.
Militante con instrucciones llega a la Fiscalía Anticorrupción
En el Salón de la Bandera del Palacio de Gobierno tuvo lugar hoy el acto de posesión al cargo de Fiscal Anticorrupción de la provincia de Jujuy a la abogada Josefa del Valle Herrera. Ex asesora de Gerardo Morales y estrechamente ligada al radicalismo, la elegida del gobierno tuvo un acto fallido al hablar sobre su nuevo rol: "Voy a tener independencia, esas han sido las instrucciones del gobernador". Una verdadera contradicción que no pasó desapercibida.
La asunción de la abogada Josefa Herrera al frente de la Fiscalía Anticorrupción de Jujuy dejo expuesta la precaria maniobra que montó el gobierno, entre gallos y medianoche, para evitar cualquier tipo de control.
La Oficina Anticorrupción funcionó, durante años, más como un anexo de Casa de Gobierno que como un organismo autárquico.
Responsable de investigar los hechos de corrupción, bajo la dirección de Joaquín Millón Quintana, la oficina pareció ir en la dirección contraria. Fuera del caso Milagro Sala, en el que hizo equipo con Fiscalía de Estado (que responde a los intereses de Gerardo Morales) no hubo avance en ningún caso. Eso pese a que no faltaron casos controvertidos de corrupción que salpicaron al ejecutivo provincial.
Juan Manuel Soler, quien durante años se desempeñó como adjunto en la oficina, quedó a cargo pero los cambios que introdujo para fijar un curso firme hacia la transparencia hicieron demasiado ruido en Casa de Gobierno. Eso no podía ocurrir, no iba a ocurrir.
En la tarde de ayer, de manera desprolija, se comunicó sobre el acto de asunción y sin dar mayores explicaciones al respecto se posicionó a la letrada hoy en el correspondiente puesto. Entre los presentes estaba el propio gobernador y en la audiencia, aplaudiendo con fervor, el diputado Marcelo Nasif quien fuera acusado tiempo atrás de quedarse con parte del sueldo de un empleado y que reconoció que manejaba “un puñado de planes sociales”.
La repentina designación incluso tomó por sorpresa a la propia Josefa del Valle Herrera quien se mostró bastante desconcertada a la hora de hablar con la prensa. Quizá por ese motivo tuvo un exabrupto poco feliz.
Al ser consultada sobre la independencia de la oficina respecto del poder político contestó: “Voy a tener independencia, esas han sido las instrucciones del gobernador, independencia para investigar casos de corrupción. No me cabe la menor duda”.
“Mis expectativas son cumplir con el mandato del señor gobernador, que investigue y cumpla con la Constitución”, remarcó.
Sus primeras declaraciones parecen confirmar lo que ya adelantaban diputados de la oposición, el gobierno quiere seguir digitando todo.
La propia fiscal reconoció abiertamente su “afinidad” con el poder de turno: “Estuve como asesora de la procuración general de la provincia, me desempeñé como asesora en la Legislatura del bloque radical, asesora del Senado de la Nación cuando el actual gobernador era senador y fui presidenta de la Secretaría de la Mujer de la UCR”.
¿Puede alguien tan vinculada al gobierno investigar alguno de los tantos casos que involucran incluso a sus funcionarios?
A confesión de partes, relevo de pruebas.
La ambigüedad en la declaración de la funcionaria pone en duda la capacidad real de cumplir con la Ley N°5885 de "creación de la oficina anticorrupción” que en el artículo 12 del capítulo V establece: "Los Fiscales Anticorrupción ejercerán sus funciones sin recibir instrucciones de ninguna autoridad y con independencia funcional e institucional de todo Poder del Estado”.
Si bien se requiere acuerdo de la Legislatura, la ley habilita este tipo de designaciones en periodo de receso, pero prevé que tras el inicio de las sesiones ordinarias, los legisladores cuenten con un plazo de 30 días para ratificarlo.
El gobierno solo necesita del voto de una mayoría simple para que nada cambie.