La sentencia, ratificada por la doctora Alejandra Tolaba, establece la Suspensión de Juicio a Prueba (probation), lo que implica que los acusados no recibirán una condena de prisión efectiva, sino que deberán cumplir con una serie de reglas de conducta y reparaciones económicas adicionales (varios millones de pesos) para extinguir la acción penal.
Los responsables en el banquillo
El proceso identificó responsabilidades concurrentes tanto en la esfera privada como en la gestión pública. Bajo el cargo de Homicidio Culposo, los señalados por la fiscalía de Matías Mora del Ministerio Público de la Acusación fueron:
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Por Telecom Argentina S.A.: Augusto Nicolás Prediger (Gerente de Operaciones), Mario Jorge Gallardo (Coordinador de Redes) y Santiago Alvarado (Sobreestante de Mantenimiento). A estos directivos y técnicos se los acusó de una negligencia crítica al omitir el control, mantenimiento e inspección de las instalaciones de la compañía, las cuales terminaron convirtiéndose en un peligro mortal para los transeúntes.
Por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy: Gustavo Javier Jure (Secretario de Infraestructura) y Marcelo Fernando Asmuzi (Director de Alumbrado Público). En este caso, la fiscalía les atribuyó el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, al no haber supervisado la peligrosa superposición de cables ni haber garantizado la seguridad mínima en el espacio público bajo su jurisdicción.
El acuerdo: reparación y servicio a la comunidad
La resolución judicial no solo contempla un acuerdo dinerario adicional —varios millones que se suma a las indemnizaciones millonarias ya tramitadas en el fuero civil—, sino que impone una carga de servicio comunitario para los hoy beneficiados por la probation.
Los cinco imputados deberán prestar servicios durante el plazo de un año en instituciones clave de la zona: el Hospital Guillermo Páterson y la Casa de la Mujer "María Conti". Estas tareas buscan, de manera simbólica, devolver a la sociedad un servicio tras la falla sistémica que derivó en la pérdida de una vida joven.
El cierre de una etapa
Si bien el acuerdo económico fue aceptado por la familia tras una serie de negociaciones donde se duplicaron los montos inicialmente ofrecidos, queda en el ambiente la sensación de una justicia pragmática. La defensa pública, que representó a los municipales, y la defensa particular de los directivos de Telecom, lograron evitar los antecedentes penales para sus defendidos, cerrando un capítulo judicial que puso bajo la lupa la precariedad de la infraestructura urbana en San Pedro.
Con esta decisión, la causa se encamina a su archivo definitivo una vez cumplido el año de tareas comunitarias, dejando como lección la imperiosa necesidad de controles cruzados entre el Estado y las empresas de servicios para prevenir tragedias evitables.
