La imputación por casi 20 cargos de peculado contra el ex procurador general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, disparó un cimbronazo que salpica directamente al corazón del poder político residual de la provincia.
"Lello Sánchez recibía órdenes": apuntaron a Gerardo Morales tras la histórica imputación
La abogada y ex legisladora Alejandra Cejas, desarmó la trama detrás de la causa por peculado contra el exjefe del MPA. Denunció que el organismo fue una "arquitectura irregular" creada en 2015 para blindar al exgobernador y perseguir a la oposición.
En una entrevista brindada a nuestro medio, la abogada Alejandra Cejas le quitó el velo al caso judicial y expuso que el exjefe de los fiscales no operaba de manera aislada, sino como el brazo ejecutor de un sistema mayor: "La opinión pública lo debe saber: el señor Lello Sánchez recibía órdenes".
Para la letrada, la investigación penal actual por el desvío de fondos públicos y la designación ilegal de la esposa del ex procurador es apenas el hilo conductor que deja al descubierto la matriz de fondo. Según Cejas, toda la estructura del MPA fue planificada desde diciembre de 2015 con un objetivo estrictamente político: "Toda la estructura estaba armada para responder a Gerardo Morales".
Una oficina de impunidad y persecución política
Durante su descargo, la abogada recordó el costo personal y judicial que debió pagar junto al abogado Juan Giusti por denunciar los manejos de la cúpula del MPA, señalando que cualquier presentación terminaba siendo archivada sistemáticamente por fiscales cómplices como si fueran "chismes de pasillos".
Bajo este análisis, Cejas argumentó que el rol asignado a Lello Sánchez consistía en blindar a los funcionarios oficialistas y congelar expedientes de alto impacto, como la causa Cedems —que lleva cuatro años paralizada pese a tener más de 3.000 afectados—. "Una procuración altamente política con fiscales designados para tener definiciones políticas. Si uno imputa a un intendente radical, la causa claramente no avanza", fustigó la entrevistada, agregando que el ensañamiento judicial cambiaba de color de acuerdo a las necesidades del Ejecutivo de turno.
Cannava y el violento blindaje del 20 de junio
El enfoque más crítico de Cejas vinculó de forma directa la protección judicial con los negocios y los episodios más oscuros de la gestión de Gerardo Morales. La abogada remarcó que sus denuncias sobre el manejo estatal de la marihuana en Cannava provocaron una represalia "brutal" contra su propia familia, amparada por el silencio del jefe de los fiscales.
Asimismo, la referente trajo a la memoria las violentas jornadas de protesta del 20 de junio de 2023, exponiendo la total disparidad con la que actuaba la justicia penal de la provincia: "Salían funcionarios que son funcionarios ahora también, se ponían un casco y salían a dispararle a la gente en la calle. Y no hay un funcionario imputado, no está imputado Morales, que es el principal responsable que salió a balear a la ciudadanía porque es el que armó, el que le pagaba a la policía".
El origen irregular y el temor a las represalias
Cejas explicó que la "arquitectura" diseñada por el ex gobernador funcionó al margen de la legalidad de fondo durante años, afirmando que hasta la reforma constitucional de 2023, el MPA operó de forma irregular al no estar reconocido por la Carta Magna provincial, un movimiento que, según su óptica, se consolidó para generar "un marco legal y de impunidad hacia atrás".
Respecto al devenir de la causa por peculado, que hoy comanda la fiscal Serrano Antar, la abogada insistió en el peligro que representa el arsenal de secretos que guarda el imputado en caso de acogerse a la figura de un arrepentido, puesto que "es quien más información tiene de todo lo que pasa en Jujuy".
Consciente del terreno que pisaba y de la continuidad del sistema penal bajo la actual gestión de Alejandro Bossati, Alejandra Cejas cerró la comunicación con una advertencia que heló el aire de la radio: "Aviso que si me pasa algo, es el doctor Sergio Lello Sánchez".