La aerolínea estatal, que por años ha sido una de las empresas más costosas para el Estado argentino, ha generado enormes pérdidas económicas debido a la combinación de una gestión ineficiente y el peso de los gremios aeronáuticos. La administración de Milei, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, ya ha iniciado contactos con varias aerolíneas latinoamericanas para negociar la cesión de sus operaciones, en un esfuerzo por frenar las constantes pérdidas millonarias que la empresa genera al Estado. Según las palabras de Adorni, el principal motivo que impulsa esta medida es la “extorsión de los gremios”, un problema que ha generado múltiples conflictos laborales y afectado gravemente a los pasajeros.
El futuro de Aerolíneas Argentinas, entre la privatización y conflictos gremiales
El gobierno de Javier Milei ha colocado a Aerolíneas Argentinas en el foco de su plan para reducir el déficit fiscal, con la intención clara de avanzar en su privatización.
Los gremios aeronáuticos, que parecen tener un control casi absoluto sobre la empresa, son considerados responsables de una gran parte de los problemas estructurales de Aerolíneas. Esto ha dado lugar a la percepción de que la aerolínea, que en teoría debería ser propiedad del Estado, parece más bien estar bajo la tutela de los sindicatos. A lo largo de los años, los gremios han ejercido una influencia desmedida, consolidando su poder y tomando decisiones clave en las operaciones de la empresa. Las huelgas frecuentes, la resistencia a las reformas y los sueldos abultados que perciben los trabajadores de Aerolíneas –además de beneficios como pasajes en clase ejecutiva para familiares y amigos–, han contribuido a cimentar la imagen de que los gremios manejan la aerolínea como si fuera su propiedad.
El gobierno de Milei, en un intento de romper este esquema, ha mostrado una postura firme contra lo que considera "privilegios desmedidos" de los gremios. Entre las alternativas que estudian para Aerolíneas, la privatización figura como una opción cada vez más palpable. De hecho, varias aerolíneas internacionales, entre ellas Avianca, Latam y Azul, han expresado su interés en tomar el control de la empresa, lo que podría abrir la puerta a una nueva etapa para el sistema aéreo del país. Sin embargo, privatizar una empresa con el peso simbólico de Aerolíneas no es tarea sencilla. Para que la privatización se concrete, se necesitaría la aprobación del Congreso, un paso que ya ha demostrado ser sumamente complejo, como lo evidenció el rechazo a incluir a Aerolíneas en la lista de empresas privatizables en una reciente votación legislativa. La discusión en torno a su futuro no será únicamente una cuestión técnica o económica, sino que también estará cargada de simbolismo político.
El enfrentamiento con los gremios aeronáuticos es, sin duda, el mayor desafío que enfrenta el gobierno en este proceso. Gremios como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), liderados por figuras como Pablo Biró y Juan Pablo Brey, han sido actores centrales en la lucha por mantener el control sobre la aerolínea. Los sindicatos han utilizado huelgas, paros y diversas amenazas para hacer frente a cualquier intento de reforma que afecte sus intereses. Esta situación no solo ha paralizado la operación de Aerolíneas en múltiples ocasiones, sino que ha tenido un impacto significativo en la imagen pública de la aerolínea y en la política aeronáutica en general.
Como respuesta a esta situación, el gobierno ha emitido un decreto que declara la actividad aeronáutica civil y comercial como un servicio esencial. Esta medida, que impone límites a los derechos de huelga y exige que se garantice al menos un 50% de los servicios mínimos durante los paros, fue diseñada para limitar el impacto de las constantes interrupciones causadas por los gremios. Sin embargo, la norma ha sido rechazada de plano por los sindicatos, quienes la impugnaron ante la justicia y continúan desafiándola con nuevas medidas de fuerza. A pesar de ello, el gobierno ha mantenido su firmeza en la implementación de la normativa, convencido de que los abusos gremiales deben cesar para garantizar la estabilidad de los servicios.
En este contexto, es importante destacar que la sociedad argentina ha mostrado una marcada indiferencia ante la posibilidad de que Aerolíneas Argentinas sea privatizada. Si bien en otros tiempos la privatización de una empresa estatal de este tipo habría generado un intenso debate público, hoy en día la gran mayoría de los argentinos parece desinteresada en el destino de la aerolínea. Lo que sí ha generado rechazo en la población es el accionar de los gremios, cuyas huelgas y privilegios son percibidos como un abuso que perjudica directamente a los usuarios. El malestar social ante las prácticas sindicales es evidente, y muchos consideran que los gremios han paralizado el normal funcionamiento de la empresa en beneficio propio, sin tener en cuenta las necesidades de los pasajeros y del país en general.
El impacto de los paros y conflictos gremiales en el sector turístico ha sido particularmente grave. La Cámara Argentina de Turismo ha denunciado pérdidas millonarias como resultado de las cancelaciones de vuelos y la incertidumbre en el servicio de Aerolíneas. Esta situación afecta no solo a quienes viajan por motivos de ocio, sino también a quienes dependen del transporte aéreo por razones laborales, médicas o familiares. El turismo, que es uno de los motores económicos más importantes de Argentina, se ha visto seriamente comprometido por la incapacidad de la aerolínea para garantizar un servicio estable y predecible. Las cadenas de proveedores turísticos, hoteles, agencias de viaje y otros prestadores de servicios están sufriendo las consecuencias de la inestabilidad en la operación de Aerolíneas.
Este enfrentamiento prolongado ha erosionado aún más la imagen de Aerolíneas y ha llevado a una creciente desconexión entre los intereses gremiales y las preocupaciones de la población.
Muchos ven a los sindicatos como un obstáculo para el progreso y la modernización de la empresa, y consideran que los paros han dejado de ser una herramienta legítima para defender los derechos laborales, transformándose en un símbolo de privilegios que el país ya no puede permitirse.