Vecinos de los asentamientos El Duraznito y La Intermedia sufren cortes de luz constantes que queman sus electrodomésticos. Denuncian trabas burocráticas entre EJE SA, el Municipio e Hidráulica: "Queremos pagar el servicio, no lo queremos gratis", afirman.
En medio de los reclamos por los tarifazos de EJESA, se conoció una preocupante situación en Los Alisos.
20 familias del barrio Ruth Navea se encuentran atrapadas entre la empresa energética y el municipio. Reunieron 4 millones de pesos para saldar una deuda tras el corte del servicio por un conflicto de medidores comunitarios. Abonaron pero todavía no les habilitaron los medidores individuales, en un ida y vuelta de responsabilidades.
Por tal situación y exigiendo una solución urgente, en la última jornada se manifestaron.
Vecinos de los sectores El Duraznito y La Intermedia, en la localidad de Los Alisos, expusieron el calvario diario que viven debido al colapso del suministro eléctrico.
Actualmente, un total de 64 familias se ven obligadas a abastecerse de un único medidor comunitario que no da abasto.
Sigfrido, un vecino que reside en el sector desde el año 2012, explicó que el medidor comunitario fue una solución paliativa implementada hace tiempo para evitar las conexiones clandestinas, pero la infraestructura quedó totalmente obsoleta frente al crecimiento poblacional del barrio.
El resultado es crítico: cortes de energía continuos y bajas de tensión severas que ya provocaron la quema de electrodomésticos esenciales, como heladeras, sin que nadie se haga cargo de las pérdidas materiales.
La indignación de la comunidad radica en que no solicitan subsidios ni gratuidad, sino la regularización de su situación. "El problema es burocrático. Nosotros no queremos el servicio gratis, lo queremos pagar. Queremos que nos habiliten un medidor individual para cada vivienda", reclamó con firmeza el residente.
Según expuso, al momento de buscar respuestas quedan atrapados en un constante pase de responsabilidades entre tres actores:
Los residentes piden forma urgente a las autoridades provinciales y municipales a destrabar los expedientes y permitir una solución permanente antes de que la precariedad de las conexiones derive en un accidente fatal.
