Sin autocrítica el plan de turismo se convierte en un listado de promesas

Cuando un gobierno lleva doce años en el poder y solo ha presentado un plan improvisado con fallas de infraestructura y un claro debilitamiento de la capacidad de ejecución la situación exige mirar la realidad de fondo que es la necesidad de combinar visión de largo plazo con acciones mínimas viables y sostenibles para recuperar la credibilidad ante actores públicos y privados comunidades y turistas y para entender si es posible.

Para presentar un plan a diez años conviene empezar por reconocer que el turismo es una actividad que depende directamente de la confianza de inversores y visitantes y de la consistencia de las políticas. La estabilidad regulatoria, la calidad de la conectividad y la seguridad jurídica son factores determinantes para que un plan de diez años no se quede en un discurso. Hay escenarios en los que un plan a diez años podría empezar a tomar forma a partir de tres condiciones básicas la primera es la claridad y la legitimidad de la visión a largo plazo que debe surgir de un proceso inclusivo y público donde se escuchen voces de la industria turística (no asistencia pasiva) comunidades locales académicos y autoridades de distintos niveles para generar un marco compartido que trascienda cambios de gobierno.

La segunda es un compromiso verificable con un itinerario de implementación realista que permita medir avances año a año y ajustar estrategias ante fallos o shocks económicos.

La tercera es un enfoque de gobernanza que establezca mecanismos de participación rendición de cuentas. En un plan de largo plazo el turismo sostenible exige sinergias entre inversión pública infraestructura adecuada promoción internacional, capacitación local y protección de recursos naturales y culturales.

Si miramos ejemplos de otros países vemos que los planes a diez años funcionan mejor cuando se integran en marcos de gobernanza ya probados que permiten la revisión constante la adaptación a nuevos escenarios y la financiación de proyectos con fondos mixtos y presupuestos para cada proyecto además comprueban que la infraestructura necesaria como carreteras aeropuertos conectividad digital y servicios básicos esté en condiciones para sostener el crecimiento turístico. Para que un plan de diez años tenga oportunidad de avanzar en un contexto difícil es clave evitar el error de convertir el plan en un listado de promesas. En el caso de la UNESCO y de zonas destacadas pone en evidencia que la protección del patrimonio natural y cultural debe ser una prioridad central (no lo ha sido para este gobierno en 12 años) ya que el plan de turismo no debe ser un fin en sí mismo sino un medio para valorar proteger y compartir el patrimonio de la región sin afectar a las comunidades locales ni degradar los ecosistemas. En este capítulo este gobierno radical deberá hacer una profunda autocrítica sobre el tema. Deberá incorporar criterios de sostenibilidad y participación comunitaria desde el diseño de los proyectos hasta la operación diaria ya a que la inclusión de comunidades es fundamental para garantizar que los beneficios lleguen. Si se logra ese cambio el plan a diez años deja de ser un simple listado de promesas para convertirse en un marco operativo creíble que puede movilizar inversiones gestionar riesgos y generar resultados tangibles para la población y para la economía local la clave está en traducir la visión en proyectos con cronogramas claros responsables en materia de costos y mecanismos de revisión que permitan ajustar el rumbo ante shocks o cambios de escenario en un mundo tan volátil.

Restaurar la confianza de inversores comunidades y turistas garantiza una ruta de desarrollo sostenible siempre protegiendo el patrimonio natural y cultural de zonas destacadas por la UNESCO. Al final el éxito depende de una gobernanza abierta participativa y de un compromiso real con la calidad de los servicios la conectividad la capacitación y la transparencia que permiten que el turismo contribuya al bienestar social sin sacrificar el patrimonio ni el equilibrio ecológico.

En ese marco, cada intervención pública o privada debe estar orientada a resultados verificables y a beneficios compartidos para las comunidades locales y para el país.